El Estado ejercerá de “policía” en las cuencas hidrográficas intercomunitarias

El Consejo de Ministros ha derogado la normativa vigente en materia de agua con la aprobación de un real decreto ley que otorga al Estado la competencia de policía hidráulica en las cuentas hidrográficas intercomunitarias, con el aval del Tribunal Constitucional. El Gobierno pretende evitar “solapamientos” y asegura un beneficio para los ciudadanos y ahorro para las administraciones.

Expectación ya habitual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No hay viernes sin reformas. Esta vez, la comparecencia de la vicepresidenta venía precedida de una cifra de paro que, aunque débil, rompe la tendencia alcista de los últimos ocho meses. La reunión de hoy ha versado sobre algunos de los planes que el Gobierno pretende que vean la luz antes de verano, con el foco puesto en la racionalización de la estructura del Estado y un mejor funcionamiento de las distintas administraciones. En lo tocante al déficit, gran quebradero de cabeza de Mariano Rajoy junto al paro, el Ejecutivo ha acogido con regocijo las recientes palabras de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y a ellas se agarra en su defensa de la marcha de España.

Soraya Sáenz de Santamaría se ha referido precisamente a la organización territorial del Estado para anunciar un real decreto ley en materia de medio ambiente que responde, según la portavoz, a la “necesidad de lograr una gestión eficiente del agua para evitar duplicidades o solapamientos”. Así, la policía en las cuentas hidrográficas intercomunitarias será el Estado, que asumirá “completamente” esta competencia, que “dejó sentada” el Tribunal Constitucional el pasado marzo.

Se facilita también el traslado de residuos dentro del territorio nacional con un sistema de notificación único. Anterior a esta normativa, el paso por varias comunidades de estos materiales debía recibir la autorización de todas y cada una de ellas. Se procede asimismo a una reordenación de los derechos del agua en las Tablas de Daimiel, “zona de sobrexplotación”, para “una mejor gestión de los recursos”.

La vicepresidenta ha citado este ejemplo como sólo uno de tantos a aplicar en otras materias. “Evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero a las administraciones”, ha defendido.

Preguntada por la controversia respecto al fin de ETA, que divide a dirigentes del Partido Popular, especialmente en el País Vasco, Sáenz de Santamaría ha vuelto a sus declaraciones de hace siete días: “Los presos no pueden esperar nada de ninguna negociación”. La vicepresidenta estima que el Gobierno siempre ha tenido y dejado claras las cosas y que su postura es inequívoca. Ha optado por no pronunciarse sobre el debate interno, ya público, sobre la actuación antiterrorista a seguir.

En otro orden de cosas, el Ejecutivo asume como un “acicate” el último dato de desempleo: “Esto no nos lleva a ningún tipo de relajación ni complacencia. Todo lo contrario. Hay que seguir trabajando”, ha afirmado la portavoz. Ha añadido que la situación es aún compleja y delicada y que, si bien el dato es bueno, hay que ponerlo en su justo contexto y continuar con las reformas previstas.

Sobre la privatización de Renfe o el pago por el uso de las autovías, la vicepresidenta ha aclarado que no se ha abordado en el Consejo de Ministros celebrado; sí la “reordenación o eliminación de servicios aeroportuarios”, ha concretado. Así, la “liberalización” queda para próximos días o semanas.