Sábado 05 de mayo de 2012
Con una celeridad y eficiencia casi inusitada en la política latinoamericana, el Congreso argentino dio su visto bueno a la ley que formaliza la expropiación de YPF, controlada por Repsol. Tan sólo dos semanas se tomó la aprobación y ejecución de la confiscación de la petrolera, sin tenerse muy claro cómo y bajo qué condiciones el Gobierno de Cristina Fernández va a efectuar la indemnización a la compañía española y en qué plazos.
El debate de este jueves en el hemiciclo legislativos parecía una fiesta nacional, por no decir nacionalista. Consignas, pancartas y manifestaciones a pie de calle marcaron la votación sobre el futuro de YPF, que estaba más que sentenciado desde el anuncio de su “nacionalización”. Por lo que la votación de 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, no provoca sorpresa alguna.
Pero la algarabía por recuperar su petrolera no acallan los interrogantes que rondan en torno a la medida adoptada por Fernández y Cía sobre el destino real de YPF como tampoco, la profunda crisis energética que padece la nación austral, la cual sufre constantes cortes en el suministro de gas.
Si bien el apoyo a la expropiación fue unánime, la oposición argentina no ha dudado en señalar que la misma no es el “esparadrapo” que reparara las deficiencias de una industria de hidrocarburos en declive que demanda otro tipo de medidas más pragmáticas y menos populistas.
En todo caso, el asunto de la nacionalización de YPF es un mal negocio para todos: para la empresa, para los intereses e imagen de España. Pero, sobre todo, a medio y largo plazo, es un malísimo negocio para la Argentina: un país con fantásticos recursos, para cuyo desarrollo y explotación necesita atraer capitales. Una política esta incompatible con la inseguridad jurídica provocada por nacionalizaciones arbitrarias, en las que gobiernos populistas se niegan a someterse a arbitrajes internacionales que fijan el justiprecio.
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