Jorge San Miguel | Jueves 10 de mayo de 2012
La magnitud del desastre laboral español es tal que nos hemos acostumbrado a ver el paro y el resto de particularidades de nuestro mercado de trabajo como características naturales, o como manifestaciones de una maldición bíblica de la que no es posible librarse y que hay que sufrir con resignación. Tasas de paro inconcebibles en la mayoría de los países desarrollados, un desempleo juvenil que se dispara hasta el 45% y una estructura dual que discrimina entre trabajadores fijos protegidos y ese 20-30% de trabajadores precarios que corresponde mayoritariamente a colectivos como jóvenes, mujeres e inmigrantes: peor pagados, menos cualificados y condenados a vagar se diría que eternamente por las afueras del mercado laboral. Tras la naturalidad con que parecemos asumir este panorama están, en primer lugar, la fuerte red de solidaridades familiares y la peculiar composición de nuestro desempleo, que evitan el estallido social al que abocarían fenómenos similares en otros lugares. Y quizás algo de nuestra afición a las explicaciones culturalistas del tipo “el problema de España es que está llena de españoles”. Pero los discursos conformistas obedecen también, sin duda, a la acción de grupos de interés que se benefician de la situación actual o al menos creen tener algo que perder en un mercado laboral distinto.
Por ello, es necesario echar la vista atrás para entender cómo hemos llegado hasta aquí y que el mercado laboral español no es una necesidad histórica ni un destino manifiesto, sino el producto de decisiones, equilibrios y políticas muy concretos. Repasémoslas.
El régimen salido de la Guerra civil tenía muy presentes los “peligros” del obrerismo y no estaba dispuesto a repetir la experiencia de la República, por lo que su primera etapa está marcada por políticas que Carreras y Tafunell -a quienes seguiremos en este repaso histórico- caracterizan como “contrarreformismo social”. El sindicalismo de clase quedó prohibido y se sustituyó por un sindicalismo vertical que pretendía aglutinar a todos los agentes de un mismo sector. A la vez, la dictadura impuso un férreo control salarial que, unido a la inflación, determinó que los salarios reales fueran en 1950 apenas un 50% de los de 1930. Son años de caída del consumo y desindustrialización.
A partir de los años cincuenta, y sin salir de los estrechos límites del paternalismo y el dirigismo propios del régimen, éste ensayará una tímida liberalización de las relaciones laborales, en particular en lo que se refiere a la contratación y los salarios. En 1958 se promulga la Ley de Convenios Colectivos Sindicales, y cinco años más tarde se fija el primer salario mínimo. En estos años la industria española consigue absorber la mano de obra que el aumento de la productividad agraria libera, hasta el punto de que se alcanza un mínimo histórico del 4% de desempleo. Como vemos, no hay nada en el “ser de España” que impida que el desempleo baje de esa región del 8-10% que marca nuestros momentos de máxima bonanza desde hace unas décadas.
El final del franquismo y los inicios de la transición democrática inauguran un patrón que se va a repetir hasta nuestros días. La dictadura, en sus postrimerías, compensa la falta de libertades sindicales y trata de responder a la conflictividad mediante una protección del trabajador que exacerba la rigidez del mercado laboral. En 1973, mientras en Oriente Próximo se desencadena el shock del petróleo que tan funestas consecuencias tendrá también en España, se empieza a indexar los salarios con la inflación. En los años siguientes a la muerte del dictador se legislan el derecho de huelga y la libertad sindical. Todas estas circunstancias harán que los recién legalizados sindicatos se encuentren de repente con un formidable poder negociador. Justo en el momento en que la economía española debe hacer frente no sólo a la crisis energética, sino a la caída de la productividad y la demanda; a las que hay que sumar el retorno de los emigrantes y la incorporación de la mujer y de la generación baby boomer al trabajo. No es de extrañar, por tanto, que el desempleo se disparase desde el 4,4% de 1974 al 21,5% de 1985, en buena medida por la quiebra de numerosas pymes que no pueden ajustar sus plantillas debido a la rigidez de la legislación laboral. Es en estos momentos cuando se promulgan el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica del Empleo de 1980 verdadero origen tanto de la letra como de las dinámicas perversas de nuestro actual mercado de trabajo: la renuncia a flexibilizar, como concesión para frenar la conflictividad sindical, se compensa con la apertura a nuevas formas de contratación.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 consagra el nuevo modelo: se crean nuevas figuras contractuales y se incentiva su uso con bonificaciones fiscales. A partir de mediados de la década, con la entrada de España en la CEE, se producirá una notable creación de empleo que se prolonga hasta la crisis de los años noventa. Es en entonces cuando se alcanza el -por ahora- máximo histórico del 24% de paro y se consolida el mercado dual que aún hoy, de nuevo en tasas parecidas de desempleo, padecemos. Queda ahora repasar el camino andado en las sucesivas reformas hasta la más reciente, y qué posibles salidas hay para el círculo vicioso en que se ha convertido el mercado laboral español.