La corrección politica perjudica seriamente la libertad

Hay muchas y muy buenas razones para admirar y envidiar el sistema universitario norteamericano, sin duda el mejor de los posibles porque la única imperfección de los perfectos es que no son posibles. De no ser así no reclutaría a tantos de los mejores profesores del mundo ni habría tantos estudiantes, de dentro y de fuera de los Estados Unidos, dispuestos a hacer importantes sacrificios económicos y personales para obtener un título de los otorgados por sus primeras universidades que, entre otras cosas, podrá proporcionar un futuro profesional muy provechoso. Por supuesto, “sistema universitario norteamericano” es una generalización en la que caben centros privados y públicos también mediocres, malos y deleznables, pero los mejores son tantos y son tan buenos que dan al conjunto ese nivel de excelencia difícilmente igualable. Para confirmar, sin embargo, aquello de que las mejores intenciones empiedran el camino al infierno, la universidad americana (aunque no sea la única) viene acusando hace tiempo con daño para su solvencia los efectos perversos de la corrección política. Es decir, de los mecanismos formales e informales de reprobación y punición de actitudes, comportamientos, expresiones que pueden resultar ofensivos o despectivos para cualquier persona y sus peculiaridades sean éstas somáticas, culturales o étnicas, de género o de preferencias en materia de sexo. Como algo tan laudable en principio fue introduciéndose al tiempo que las políticas de discriminación positiva para dar cabida en las universidades y otras instituciones, tanto entre el alumnado como en cualquier otro estamento, a personas de grupos que pudieran partir en situaciones de desventaja social, como mujeres o minorías raciales, y conectado su promoción académica no solo al mérito individual sino incluso antes a la condición de origen, ambas cosas han quedado estrechamente asociadas y suman sus efectos indeseados.

Con el tiempo, lo que fueron políticas de promoción y protección se han convertido en situaciones de privilegio para quienes se favorecen de ellas y les preservan de toda crítica legítima. El asunto es especialmente visible en los departamentos de estudios de género (es decir, de cosas que se estima susceptible de un peculiar acercamiento desde la condición femenina, y acaban siéndolo todas) y también de Black Studies o Afro-American Studies. Casi sin excepción esos centros se han convertido en plataformas para la propaganda ideológica y la fabricación con el material averiado de los Cultural Studies de productos académicos generalmente detestables, o en todo caso tratados con una benevolencia que otras especialidades no tendrían. La razón no es otra que el temor de los posibles críticos a ser acusados de discriminar o agraviar a las minorías que esos departamentos representan, vulnerando la corrección política. Muchos ven al emperador corretear en pelota picada, pero o miran para otro lado o se unen al coro que alaba lo deslumbrante del vestido que no lleva. Quienes han decidido no tragar la rueda de molino y gritan la desnudez del emperador, como David Horowitz o Martin Anderson, están relegados a las tinieblas exteriores de la respetabilidad académica y aunque sus libros se leen es siempre con la precaución recomendable en materia de lecturas prohibidas cuando las inquisiciones acechan.

Dos acontecimientos recientes han proporcionado nuevos ejemplos de hasta qué punto llega la situación. Hace un par de semanas Naomi Schaefer Riley, una periodista que se licenció en Harvard y está especializada en cuestiones de enseñanza universitaria, publicó en The Chronicle of Higher Education un artículo en el que sugería la posibilidad de suprimir los Black Studies como especialidad universitaria y aducía para respaldarlo varios ejemplos de tesis doctorales recientes de las que destaca su “cháchara de victimismo izquierdista”. El griterío indignado ha sido imponente y tras las consiguientes presiones, The Chronicle, posiblemente la publicación especializada de mayor circulación, ha dejado de contar con Schaefer Riley y también ha dejado de contar con algo de respetabilidad. Otro aspecto de la cuestión lo presenta el caso de Elizabeth Warren, una muy conocida mercantilista de la facultad de Derecho de Harvard y ahora candidata demócrata al Senado quien al parecer alegó su condición de descendiente de indios cherokees al ser contratada. Lo cierto es que Warren, cuya apariencia no puede ser más tópicamente caucásica, se inscribió durante años en las asociaciones profesionales como india nativa y en apoyo de ello sólo ha podido aportar un informe genealógico, cuya validez discuten los especialistas, según el cual su trastatarabuelo se casó con una mujer cherokee, es decir, su condición india (si realmente la tiene) sería de un treintaidosavo; eso es hilar fino. Tal vez su cualificación cuando entró en el profesorado de Harvard hace veinte años fuese más que suficiente, pero lo que está en discusión es hasta qué punto el afán de incrementar la “diversidad” del claustro no pudo ser en su caso determinante, en detrimento de otros candidatos, vulnerando así la libre concurrencia, de la misma manera que con Sachefer Riley se ha atentado contra la libertad de expresión. Dos pilares del sistema universitario más admirable que podrían estar corroyéndose con situaciones así al extremar los principios que acaban dando lugar a ellas.