¿Asumen las Autonomías sus responsabilidades?

El aparente éxito alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las Comunidades Autónomas –excepto el Gobierno en funciones de Asturias- cumplieron los severos planes de recortes y ajustes presupuestarios exigidos por el Ministerio de Hacienda, constituía un claro mensaje de unidad hacia Europa que parecería despejar las dudas y recelos que comenzaban a cuestionar los compromisos adquiridos por España en la reducción del déficit. Pero todo ello ha quedado seriamente comprometido por el reconocimiento de tres de ellas de que su déficit es mucho más alto que el comunicado oficialmente al Gobierno. En su conjunto, se había acordado ahorrar más de dieciocho mil millones de euros, algo más que estimable, pero el golpe de las cuentas ocultas obliga a replantear de nuevo la cuestión, a la vez que el mensaje de unidad se resquebraja causando un enorme prejuicio a nuestra credibilidad.

Los objetivos que parecía haber cosechado Cristóbal Montoro estaban precedidos y respaldados por la firme advertencia de que las Autonomías que no cumpliesen los límites establecidos serían inexorablemente intervenidas, con el durísimo varapalo político que esto supondría para los responsables de las Administraciones autónomas. Daba la impresión de que el temor a las intervenciones de las Comunidades Autónomas díscolas había obrado milagros en esta veloz concordancia entre todos. El miedo a la intervención gubernamental –que de fracasar dará paso a una intervención europea aún más drástica- parecía haber provocado un sincero espíritu de autodisciplina dentro de la política autonómica. Incluso el reconocimiento de la falsedad contable puede atribuirse a los efectos de ese espíritu, pero ha sido realizado de un modo tan chapucero que el resultado final causa la impresión de un lamentable sainete.

La gestión de muchas Comunidades ha estado instalada en la anarquía, la negativa a embridar una situación descontrolada por la alarma ante un posible castigo electoral, o, peor aún, el manejo de recursos públicos de una riqueza ficticia, pues se basaba en el impago o en préstamos internacionales con carísimos intereses sin prever de qué modo se realizaría su devolución. Y si las cuentas no cuadran se recurre a la pueril estratagema de hacerse trampas en el solitario, como si poner falsas cifras en un papel cambiase en algo la realidad. Esa huida hacia delante debe cancelarse fulminantemente. Es perentorio que el mundo de la política autonómica salga de su ilusorio autoengaño de poseer recursos poco menos que inagotables, para poner definitivamente los pies en la realidad y afrontar, a la escala de sus competencias, los errores que ellas mismas han cometido, comenzando por llevar a cabo algo así como una Comisión para la verdad económica- valga la expresión-, que nos permita operar sobre realidades y no sobre un suelo quimérico desde el cual sólo nos queda la opción de despeñarnos.

Las tres Comunidades que ahora confiesan el engaño no habían cambiado de manos políticas, lo que abre la sospecha de que algo similar pudiera ocurrir en las restantes que se encuentran en la misma situación. Por vergonzoso, e incluso grotesco, que parezca el reconocer esas burdas añagazas, se necesita que salgan todas a la luz pública y con absoluta inmediatez, pues el crédito se agota y el margen de maniobra se estrecha hasta límites casi inmanejables.

Es imperioso instalar un auténtico espíritu de responsabilidad que destierre de una vez por todas la falsedad y el victimismo, empeñados en vivir en realidades ficticias y en culpar de todos los males a los demás, los otros, sean quienes sean, en vez de asumir que las quiebras comienzan por graves equivocaciones propias sin la entereza de aceptarlas como errores internos.

Ahora resulta que nos queda un trecho por recorrer aún más largo del que habíamos previsto, pero esto no debe causar desánimo. Ya cuando el acuerdo parecía ser un éxito incuestionable había escépticos convencidos de que no se pasaría del papel a los hechos. Ahora este riesgo ha aumentado de modo extremadamente peligroso. Será misión del Gobierno averiguar íntegramente la verdad económica de todas las Comunidades, valorar si ha habido dolo, afrontar hasta dónde se pueden pedir responsabilidades políticas y hasta dónde hay indicios de responsabilidades penales de falsificación, sin que le tiemble el pulso según el color político. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de afrontar el desafío de rectificar los planes y vigilar que se ejecuten efectivamente. También entra en esa nueva cultura de la responsabilidad que ha de imponerse el realizar una pronta valoración de si el problema generado por las Comunidades Autónomas es únicamente de gestión o si, por el contrario, lo es también del actual diseño del Estado autonómico.