PPSOE versus justicia española

Nuestra democracia, lamentablemente, sigue adoleciendo de solidez en temas claves y esenciales para la propia pervivencia del Estado de Derecho. Sin justicia no hay Estado de Derecho, sin Estado de Derecho no hay democracia. Dos hechos nos demuestran que la cúpula de la justicia española precisa de una reforma profunda. El problema que late en el fondo de la cuestión es la falta de espíritu democrático del PPSOE. Ambos partidos quieren controlar Instituciones que no les corresponde controlar. La verdadera democracia consiste en respetar el sistema político diseñado por el constituyente en la Norma Fundamental, esto es, la Constitución de 1978. La justica en España pivota sobre dos órganos básicos, de un lado el Poder Corrector o Tribunal Constitucional (regulado en el Título IX CE) y del otro el Poder Judicial (regulado en el Título VI).

La democracia real, madura, sólida consiste en que los poderes constituidos respeten el diseño institucional marcado por la Constitución. El artículo 9.1 CE es muy claro: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Todos debemos respetar la Constitución, pero especialmente los poderes públicos tienen que dar ejemplo de ello. Y el poder público por excelencia es el Parlamento, quien según el artículo 66.1 “representa al pueblo español”. Los principales actores de nuestras Cortes Generales son el PP y el PSOE, pues bien, ambos partidos han cogido la inaceptable costumbre de no cumplir la CE en lo que se refiere a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. El artículo 159.3 CE indica que “los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”. El magistrado Roberto García Calvo falleció en el año 2008 y su plaza aún sigue vacante. Algo inaceptable. Igualmente los cuatro magistrados que corresponde designar al Senado se renovaron en diciembre de 2010, cuando debía de haberse hecho en diciembre de 2007. No estuvieron 9 años de magistrados sino doce, vulnerando claramente el artículo 159.3 CE. Ahora volvemos al mismo escenario. Los cuatro nuevos magistrados elegidos por el Congreso, que incluye también al fallecido Roberto García Calvo, tenían que haber sido nombrados en noviembre de 2010. Sin embargo el Congreso de los Diputados, el PPSOE principalmente, no cumplen con la CE y se echan la culpa infantilmente uno a otro, cual patio de colegio.

Por otro lado en estos últimos días hemos asistido a otro lamentable espectáculo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde la fracción PP/PSOE se ha visto nuevamente reflejada con acusaciones entre el Presidente Divar y uno de los vocales nombrados por el PSOE y apoyado por el resto de vocales nombrados por este partido. Todo esto evidencia un enorme y preocupante problema de fondo que tiene nuestra joven democracia. Tanto el Tribunal Constitucional como el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, precisan de una profunda reforma en su composición y mecanismos de elección que lleven a su imprescindible despolitización. El PPSOE no puede querer controlar todo el entramado político, financiero e institucional de nuestra democracia española. El PPSOE tiene que salir de las Cajas de Ahorro, tiene que salir del Tribunal Constitucional, tiene que salir del CGPJ, hay que dejar que los profesionales de las finanzas y de la justicia hagan su trabajo, y la clase política tiene que limitarse a hacer el suyo y eso comienza por tener un mayor sentido democrático y autolimitarse.

La democracia se basa en la separación de poderes y en el equilibrio institucional entre estos poderes. Si el poder de los partidos políticos al final copa todo el entramado institucional, hiere de muerte nuestra democracia. El PPSOE no pueden controlarlo todo y es importante que el ciudadano sea consciente de ello, por eso también es fundamental reformar la Ley Electoral, para tratar de romper este bipartidismo empobrecedor que todo lo controla.