Los gastos de Dívar

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, se explicaba en comparecencia pública a finales de esta semana para dar cuenta de la denuncia por -supuestamente- haber pasado gastos personales como de representación por motivo de su cargo. Nunca hasta la fecha se había convocado una rueda de prensa similar en el CGPJ, lo que da idea de la trascendencia del asunto. No es para menos. Estamos ante una de las máximas autoridades del Estado, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, en cuya cuenta de gastos hay conceptos si no irregulares, sí desde luego poco apropiados, para decirlo suavemente.

Hay quien dice -y no sin razón- que la sombra de Garzón es alargada, y puede que en este caso haya más de ajuste de cuentas pasadas que de sustancia jurídica. Hay que considerar también la opinión del Ministerio Fiscal, bajo cuyo criterio el comportamiento de Dívar fue ajustado a derecho. Pero eso no obsta para que quede un cierto poso de confusión entre la esfera de lo privado y lo profesional difícil de asimilar. Restaurantes, hoteles de cuatro estrellas (aunque no sean de lujo) y comensales sin identidad conocida son demasiados cabos sueltos para un asunto que, en su medida, deja en mal lugar la imagen de España. CGPJ y Tribunal supremo son dos instituciones lo suficientemente importantes como para que la reputación de su cabeza visible no admita tacha alguna. Ni siquiera lo parezca. Y, si al final resulta que quedan cuestiones sin aclarar, será el momento de depurar responsabilidades.

En España, parece que se ha abierto un periodo lamentable en que no nos respetamos a nosotros mismos ni a nuestras instituciones. Y eso también cotiza en el mercado internacional de la imagen. A la larga, cotiza a la baja y resulta devastador para un país.