Recuperar el prestigio del Banco de España: la autonomía de los Inspectores

Una Institución como el Banco de España, con historia, calidad, poder, no puede quedar arrumbada por esta marea de crisis, provocada, una vez más, por la incuria de la clase política. Veamos.

Por de pronto, más allá de las virtudes y defectos del Gobernador saliente, lo cierto es que en su designación no se produjo el sistema de pesos y contrapesos propio de las buenas instituciones. Efectivamente, la tradición, en la época democrática, fue que en el nombramiento del Gobernador habría consenso y que habría lugar en la designación del resto de los puestos a que la oposición tuviera su propio lugar. Y como en todo caso, ya sería el nombrado y el resto del Consejo, una persona de calidad y prestigio técnico, bastaría esa búsqueda de equilibrio entre ambos partidos, para que el reparto fuera suficiente como para garantizar una política económica en sus aspectos financieros, estable, durable, confiable.

Sin embargo en la última designación, la del todavía por horas actual Gobernador, se rompió ese equilibrio y el anterior Gobierno designó a quien le placía sin llegar a consenso sobre el segundo puesto y el reparto consecuente de los Altos cargos de la Institución. La consecuencia ha sido una feroz descalificación por la actuación del Banco, en parte provocada por la crisis, pero en gran parte, como consecuencia de causas mucho más profundas y que tienen que ver con el enorme desprecio que los políticos tienen por los técnicos, con el efecto de que luego la realidad se venga de aquellos políticos aunque dándonos la patada al resto de los ciudadanos que somos quienes pagamos en impuestos, paro, y desesperanza esa estúpida soberbia e irresponsabilidad de la denominada, con acierto, clase política.

Los Inspectores del Banco de España, constituyen un grupo prestigioso de profesionales al servicio de la Institución, con conocimientos, calidad y técnica suficiente para abordar resueltamente los problemas que plantea la gestión de las entidades financieras supervisadas e inspeccionadas. Pero, claro está, hay que dejarles trabajar y desde luego, tener en cuenta sus consideraciones.

No será que no advirtieran los Inspectores sobre la dimensión y gravedad de la situación en que se encontraban numerosas entidades. Pero le hicieron los políticos, cúpula del Banco incluida, el caso que le hicieron. Y desde luego, taparon esos informes en un ejercicio supuestamente discreto por razones de confidencialidad, cuando el principio de transparencia clamaba asimismo por hacerse paso, sin ningún éxito.

Es evidente que con lo delicado que es el sistema financiero, los informes de la Inspección han de estar, en una primera fase, dedicados a ofrecer información a los dirigentes del Banco, sin generar alarma, sin provocar escándalo, con toda prudencia, si se quiere, hasta con sigilo, y todo ello, salvaguardando los legítimos derechos en juego de todos los posibles afectados.

Ahora bien, dicho esto, la información agregada sobre un sector, sí tiene que ofrecerse y de manera diáfana, para adoptar decisiones. Y no solo ello, también, dadas las potestades del Banco de España, proceder a regular con las normas apropiadas, con el fin de proceder a examinar cuantos defectos encierre la actual regulación y realizar las propuestas de reforma.

Pero para lograr todo ello, se necesita, ante todo, otorgar aliento y apoyo a la Inspección, conseguir que los técnicos y no los políticos, presenten las situaciones tal como se encuentran en la realidad y propongan soluciones, y finalmente, además de admitir su independencia, fijar el momento, mediante técnicas jurídicas, de determinación de la apertura al público de las situaciones que vayan detectando para que la opinión pública esté suficientemente informada y asistida. Igualmente, tienen que tener una reconocida y no meramente formularia y teórica, capacidad para realizar recomendaciones y aún regulaciones.

En definitiva, recuperar el prestigio en la práctica de lo que en teoría se les reconoce a la Inspección, eclipsando de una vez la oscuridad en que se mueven los políticos y permitiendo que los técnicos recuperen el papel que el Derecho les otorgó y que los partidos políticos han usurpado.