Protestar en España

Las movilizaciones que está llevando a cabo el sector de la minería han causado ya un perjuicio importante, tanto a nivel económico como de imagen. Son también de dimensiones considerables las molestias y coacciones que han tenido que sufrir conductores de Asturias, Castilla León y Aragón por los cortes de carreteras -en ocasiones, no exentos de violencia- protagonizados por los piquetes “informativos”. En este sentido, los incidentes vividos en el parlamento autonómico aragonés la pasada semana, con los sindicalistas interrumpiendo el pleno e insultando gravemente a las diputadas del PP, recuerda a los vividos en el Parlament de Cataluña con los miembros de la plataforma 15-M comportándose de modo semejante. Como colofón, los ataques a diversas sedes populares en Asturias el pasado lunes.

La lista, desde luego, podría extenderse mucho más. De hecho, últimamente suele ser noticia el hecho de que una manifestación transcurra sin incidentes reseñables. Y eso no tendría que ser así. La razón, mucha o poca, que se tenga para protestar por algo se pierde completamente en el momento en el que se actúa de manera incivilizada; es decir, desde el momento que uno lesione el derecho de los demás. La libertad de expresión en la que se amparan los sindicatos para sus movilizaciones no puede colisionar permanentemente con otros derechos de igual valor, tales como el de la libre circulación, la educación o el trabajo. Personas que no podían llevar a sus hijos al colegio, o ir a trabajar por culpa de los piquetes, camiones y autobuses parados -con las consiguientes pérdidas- y graves incidentes que se han visto en todo el mundo son situaciones que no se deberían de volver a producir. Quien quiera manifestarse, que lo haga, pero sin lesionar los derechos de los demás. Caso contrario, que se atenga a las consecuencias legales.