Acción directa en torno a Sortu

Aún hay rescoldos en la hoguera que ha provocado la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional. Ante todo, es susceptible del máximo respeto y acatamiento por venir de un órgano como es el TC, lo que no obsta a que puedan cuestionarse otro tipo de consideraciones. Consideraciones tales como un evidente trasfondo político, tras el cual subyace la lucha de poder en que ha convertido un Tribunal Constitucional que opera de un modo más parlamentario que jurídico. Es, en este sentido, una suerte de “tercera Cámara” donde los partidos que han perdido alguna votación en las otras dos hacen lo posible por cambiar las tornas vía recurso o cuestión de inconstitucionalidad.

Desde este periódico hemos criticado en más de una ocasión la vis política del Constitucional. Esta vez no ha sido diferente, pues resulta más que obvia la motivación ideológica de una sentencia que ha rechinado profundamente. Pero ello no es óbice para afirmar tanto que “el TC se pliega a los proetarras”, como titulaba ABC. Deplorable, más bien un titular propio de los tiempos de acción directa de 1936 que una crítica ponderada de una cabecera conservadora. Algo parecido cabe decir de las exigencias de libertad de Arnaldo Otegui formuladas por socialistas y nacionalistas vascos al conocerse la sentencia. Las resoluciones judiciales, más o menos cuestionables, no deben convertirse en armas arrojadizas dentro de la contienda política. Y menos aún con el terrorismo como telón de fondo.