La gangrena de NovaCaixagalicia

La Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar en la Audiencia Nacional una querella contra cinco exdirectivos de Caixagalicia y Caisanova, entre ellos Julio Fernández Ganoso, expresidente de la entidad NovaCaixagalicia (NCG), resultante de la fusión de las dos anteriores. Las prácticas llevadas a cabo por altos cargos de estas entidades financieras, ahora denunciadas por la Fiscalía, resultan cuando menos hirientes y un nefasto ejemplo de la deslealtad y falta de escrúpulos en un sistema que debería haberse guiado por el servicio público. En el proceso de fusión de ambas cajas gallegas, respaldado con los fondos públicos del Frob en 2010 y 2011, los directivos acusados por Anticorrupción aprovecharon su situación privilegiada para mejorar sus contratos, incrementar sus propias indemnizaciones y elevar sus planes de jubilación en una cuantía que alcanza los cincuenta y dos millones de euros, sin notificarlo a ninguna de las autoridades competentes como el consejo de administración y el propio Banco de España. Acto seguido se prejubilaron con las nuevas asignaciones y cláusulas de blindaje.

Con toda justicia, la Fiscalía Anticorrupción ha considerado todos estos hechos como un auténtico “expolio patrimonial”. Un expolio que debe dirimirse ante los Tribunales fuera cual fuese la situación, pero que adquiere tintes moralmente aún más ofensivos y vergonzosos en un contexto donde las Cajas de Ahorros han originado un boquete financiero que nos ha puesto contra las cuerdas, provocando un rescate bancario que ha pulverizado gran parte de nuestra credibilidad económica y también política.

Porque, desdichadamente –como todos sabemos-, no estamos ante una inasumible actitud aislada. Las antiguas Cajas de Ahorros han seguido una línea general de gestión arbitraria, operaciones negligentes e inversiones sin ningún criterio profesional. Y, en las ahora investigadas, incluso posibles fraudes y presuntos delitos financieros. Si este ha sido el guión mayoritariamente seguido por el sector, no es necesario ir muy lejos para detectar las causas últimas de esa permanente anomalía.

Durante mucho tiempo, las Cajas de Ahorros han estado controladas por políticos y sindicalistas, completamente ajenos a la mecánica profesional de un Banco e interesados en maximizar sus intereses políticos, en lugar de orientarse por criterios económicos. Las Comunidades Autónomas han utilizado las Cajas, asimismo, como un brazo financiero de la clase política local. Con esos mimbres, era probable un desenlace como el actual. La lección debe ser aprendida de forma contundente: el sistema bancario ha de actuar con absoluta profesionalidad, sacando radical y definitivamente a cargos políticos y sindicalistas que han venido operando como una mortal gangrena.

En términos más amplios, es de suma urgencia que partidos políticos o sindicatos quiten sus manos del sistema financiero y bancario, incluyendo los altos cargos del Banco de España. Algo que no sería menos imperioso en otras áreas igualmente gangrenadas por idéntico motivo, como es el poder judicial.