Túnez fuerza un Magreb popular

El gobierno tunecino ha resuelto unilateralmente cinco medidas que atañen al porvenir de los pueblos de África del Norte: libertad de circulación, de residencia, de trabajo, de inversiones y derecho al voto en las elecciones municipales para todos los ciudadanos del Magreb. Una decisión que ha sorprendido a todos, ilusionado a muchos y disgustado a los gobiernos vecinos que temen el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración descontrolada.




La decisión entró en vigor a partir del 1º de julio, y ha provocado reacciones tanto en el interior del país como en el resto de naciones norteafricanas. Una buena parte de la sociedad tunecina, de los partidos políticos, sectores intelectuales y medios de comunicación, la ven como un impulso fundamental para la construcción de un Magreb unido “en provecho de sus pueblos”, según la fórmula del economista Camille Sari. El 21 de junio pasado, el presidente tunecino Moncef Marzuki declaró en la televisión lo siguiente: “Tengo dos noticias, una buena y la otra mala. La mala es que Túnez no tiene porvenir dentro de Túnez. La buena es que hemos decidido construir el espacio magrebí para extendernos”. Así preanunciaba las cinco medidas el Jefe de Estado tunecino, citado por el digital Le MaghrebEmergeant.

Otros sectores de la sociedad temen que las medidas de apertura provoquen graves amenazas a la seguridad interior de Túnez. El tráfico de armas procedente de Libia, donde siguen circulando sin control buena parte de los stocks de los depósitos diseminados por todo el país en la época del dictador Muamar Gadafi, puede encontrar en Túnez una plataforma para extenderse en toda la región.

Sin embargo el presidente Marzuki quiere forzar con su ejemplo a sus pares en el Magreb a adoptar medidas audaces para sacar la región del letargo y avanzar en la unidad regional. Al argelino AbdelazizButeflika, al mauritano Mohamed Abdulaziz, al marroquí Mohamed VI y al libio Mustafá Abdeljalil, no les ha sorprendido el anuncio. El Jefe de Estado tunecino ya se lo había dicho en sus recientes encuentros.

El anuncio hecho en Túnez ha dejado sin embargo escépticos a muchos. Sobre todo porque coincide con una importante crisis institucional en el país del jazmín, provocada por la extradición del exprimer ministro libio Al Baghdadi Mahmudi, que había encontrado refugio en Túnez durante la insurrección en Libia que condujo al derrocamiento y a la ejecución de Gadafi. La decisión de renviar a Libia al exmandatario la tomó el jefe de Gobierno HamadiJebali, en contra de la posición del Jefe de estado Moncef Marzuki y sin consultar al otro miembro de la troika que dirige el país en transición, el presidente de la Asamblea Constituyente Mustafa Ben Jaafar. Este último ha emprendido una iniciativa para solventar la crisis institucional y la desconfianza generada en la cúpula del Estado tunecino. “La decisión ha sido ilegal” sostiene el Presidente tunecino, “y empaña la imagen de Túnez en el mundo”. En efecto, el propio Marzuki había declarado hacía poco que su país nunca extraditaría a Mahmudi “ya que no hay garantías jurídicas en Libia para realizar un proceso que respete los derechos humanos”. Si bien se cree que el gobierno islamista tunecino recibió ciertas garantías del gobierno libio, que dirige AbdelRahim al Kib acerca del trato que se dará al exprimer ministro de Gadafi.

Según todos los analistas, el acuerdo existente entre las tres formaciones políticas ganadoras de las Elecciones a la Constituyente, y cuyos máximos mandatarios conforman la troika, podría romperse y llevar “la revolución del jazmín” por una senda de inestabilidad. En el fondo se trata de una cuestión de concepción del futuro del país, según la óptica republicana para unos, o religiosa para otros. El partido islamista Enahda, que dirige el Ejecutivo, ni renuncia a poner su impronta en la futura Carta Magna y dar al país un giro hacia el predominio de la charia en la sociedad. Algo a lo que amplias capas de la clase media y de la sociedad tunecina no están dispuestas a aceptar. Ben Jaafar trata pues de limar asperezas, y mantener el consenso y el trabajo en común al menos hasta la redacción de la futura Constitución que deberá ser sometida a referéndum en octubre próximo.