Si fueran liberales...

Hace unas semanas se generó una estruendosa polémica en torno a algunos privilegios de la Iglesia Católica en España, como es la exoneración del pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en la mayoría de los ayuntamientos. Como pasa demasiadas veces en nuestro país, después de las palabras altisonantes y de las acusaciones cruzadas entre el partido del Gobierno y los de la oposición, la controversia se diluyó como un azucarillo dentro de un café mañanero. Los que están a favor de que la Iglesia pague este y otros impuestos hicieron algunas alharacas anticlericales para contentar a su parroquia –perdón por la expresión, pero no hay nada más parecido al parroquianismo clerical que el anticlerical de cierta izquierda española– y se dieron por satisfechos. Los que están a favor de que la Iglesia mantenga sus privilegios alegaron que también hay otras instituciones privadas, como las fundaciones de los partidos políticos, que tampoco pagan el IBI. Y ahí quedó la cosa: privilegio contra privilegio, gesticulación contra gesticulación, pero nunca ir al fondo de los asuntos.

El Gobierno de Zapatero fue muy criticado desde la derecha porque hizo algunos gestos laicizantes como quitar los símbolos religiosos en las ceremonias públicas e insistir en llamar “matrimonio” a la unión jurídica de convivencia entre homosexuales –que ya el Diccionario de la RAE ha recogido como “matrimonio”, con buen aunque antietimológico criterio, tan frecuente, por cierto, en otras voces. Lo que no hizo Zapatero, a pesar de los aspavientos legales, fue acabar con los privilegios de la Iglesia Católica en España.

Para entender estos privilegios hay que ser conscientes de nuestra historia. No hace falta remontarse a la España de Trento, martillo de herejes, que decía Marcelino Menéndez Pelayo. Ni al constitucionalismo español de la Edad Contemporánea, cuyas constituciones, incluyendo la hoy celebrada bicentenaria Pepa, recogían siempre la oficialidad de la religión católica e impedían una verdadera libertad de cultos, excepto en las de 1869 y 1931 –ésta con sus “cartuchos detonantes” anticlericales, como dijo Ortega–, las cuales sí previeron dicha libertad. Basta con ser conscientes del contexto político en que se aprobó la Constitución de 1978, tras cuarenta años de dictadura franquista, sustentada fuertemente, aunque no sólo –conviene recordar el apoyo social y político–, en una alianza entre la espada militar y el báculo de los obispos, quienes habían justificado la incivil Guerra civil como cruzada. Esta afirmación no pretende desmerecer la labor que la Iglesia española desempeñó en la Transición con gentes como el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que tan bien supo conectar con la nueva sensibilidad del catolicismo de base y con las corrientes políticas del momento. El talante y el talento de muchos fieles de aquella Iglesia están a una monumental distancia del de otros como Rouco, Cañizares y Reig Pla, hasta el punto de que es difícil imaginar que con ellos hubiese sido posible el ambiente de concordia y consenso que hizo trajo la transición a la democracia.

Los artículos 16 y 27 de la vigente Carta Magna son una muestra del peso que la Iglesia ejercía entonces sobre la política. Han envejecido y convendría modificarlos en cuanto haya ocasión para que la religión, cualquier religión, quede reducida al ámbito privado que le debería ser propio en una sociedad contemporánea. El artículo 16, que garantiza una verdadera libertad de cultos en sus dos primeros apartados, señala en el tercero que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero al mismo tiempo afirma que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. El apartado tercero del artículo 27 indica que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, lo que se ha traducido en que la enseñanza de la religión católica esté presente en todos los colegios públicos.

Nadie desconoce la importante función social de beneficencia que la Iglesia Católica cumple –y no está de más que el Estado colabore, como ya hace, en esta labor, al igual que apoya a otras muchas entidades no confesionales. También todo el mundo es sabedor de la función espiritual que la Iglesia Católica cumple en una sociedad cuyos miembros se siguen declarando mayoritariamente católicos y en la que un porcentaje sustancial de los mismos –ciertamente decreciente– organizan muchos actos privados de su vida, desde el nacimiento al entierro, según los ritos católicos. Pero ni lo uno ni lo otro son suficientes motivos para justificar los privilegios que la Iglesia Católica sigue teniendo en España. Por eso, habría que reformar la Constitución y denunciar los acuerdos con el Vaticano.

Esta nueva política debería concretarse en algunos puntos: 1) Que la Iglesia Católica deje de tener el privilegio de financiarse directamente a través del IRPF y que no reciba más ayuda pública que la ofrecida por el Estado para colaborar en funciones que ésta desarrolle y aquél legisle como merecedoras de tal, y la misma se produzca sustancialmente a través de convocatorias públicas competitivas. 2) Que la Iglesia Católica pague todos los impuestos vigentes y que, si existen excepciones, como en el caso del IBI, se justifiquen por el mantenimiento del patrimonio histórico o funciones sociales, y, en ningún caso, puedan ser exenciones generales ni se apliquen a bienes de la Iglesia afectos a actividades económicas como pueden ser los colegios privados o concertados, edificios alquilados, etc. 3) Que la religión católica y cualquier otra dejen de formar parte del programa educativo público.

No hace falta invocar a Mendizábal para recordar que la lucha contra los privilegios económicos de la Iglesia Católica, iniciada ya con los ilustrados, la llevaron a cabo los liberales. El Partido Popular se enorgullece, y hace bien, de su tradición liberal. En un momento de crisis económica como la que sufrimos, es necesario que, desde estas bases liberales, se luche contra todo privilegio. Aunque, ciertamente, no soy muy optimista al respecto y me acuerdo de lo que dice Galdós en su Episodio Nacional titulado Cánovas refiriéndose a la declaración del príncipe Alfonso en el manifiesto de Sandhurst: “que si al igual de sus antecesores será siempre buen católico, como hijo del siglo ha de ser verdaderamente liberal”. A lo que el interlocutor responde: “Dos ideas son esas, ma chérie, que rabian de verse juntas. ¿Liberal y católico? ¡Pero si el Papa ha dicho que el liberalismo es pecado! Como no sea que el Príncipe Alfonso haya descubierto el secreto para introducir el alma de Pío IX en el cuerpo de Espartero…”.