El Gobierno responde con prudencia ante el caso Bankia

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la imputación de esos consejeros del banco “es una citación indiscriminada a muchas personas del Consejo sin el grado de responsabilidad y como jurista tengo alguna reserva sobre estas actuaciones, pero desde el máximo respeto a la Justicia. En este sentido, ha insistido en que “creo que en estos casos hay que analizar mucha información, hacer muchas diligencias previas y, a partir de ahí, se pueden derivar las responsabilidades hacia las personas que las tuvieran, si las tuvieran".

Arias Cañete ha pedido precaución sobre esta investigación porque “hay muchísimas personas que conozco que son absolutamente honorables. En un tema de esta envergadura hay que proceder con mayor, con todo el rigor de la Justicia siempre, porque hay que respetar el funcionamiento de la Justicia, pero con mucha cautela porque los perjuicios son irreparables". Al mismo tiempo ha recalcado que "citar como imputadas a personas sólo en base a querellas que muchas veces tienen una base meramente periodística se hace un juicio anticipado que luego puede derivar en poca cosa y provocar un perjuicio a las personas espectacular".

Por su parte, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que ha habido “una cierta sobre interpretación del significado material de la imputación”, porque, a su juicio, el juez Andreu lo que ha querido decir es que, a la vista de la información que le han facilitado los querellantes “no tiene elementos para discernir grados distintos de responsabilidades entre quienes constituían la Dirección Ejecutiva y el Consejo del Banco Financiero de Ahorros y de Bankia”, la matriz de la entidad que provocó su nacionalización.

En otro orden de cosas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado durante su participación en el Campus FAES, la fundación del PP, nuevas reformas que afectan a la administración central y local. Una de las principales novedades es la puesta en marcha de un sistema central de compras únicas para toda la Administración General del Estado, que será el encargado de negociar los contratos y obtener precios razonables para ahorrar en las cuentas públicas.

En cuanto a los ayuntamientos, Sáenz de Santamaría ha anunciado que la Ley de Transparencia establecerá el número máximo de concejales en España “y los baremos de los salarios que percibirán, así como el de los alcaldes, que serán públicos”, y ha insistido en que las reformas que lleva a cabo el Ejecutivo “no son una opción política, son la condición indispensable para acabar con los desequilibrios estructurales” de España.

En todo este contexto, el barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio revela que el paro se mantiene como la principal preocupación para los españoles, aunque ha bajado cuatro puntos respecto al sondeo de mayo, hasta situarse en el primer problema para el 77,8 por ciento de los ciudadanos. En segundo lugar de la lista de inquietudes sigue la situación económica en general y en la tercera posición la clase política y los partidos. Una estadística en la que entran también, por primera vez, los bancos.