Jueves 19 de julio de 2012
El Congreso aprobaba ayer el nuevo paquete de ajustes por los que el Gobierno pretende ahorrar 65.000 millones de euros de aquí a dos años. Dicha aprobación era posible gracias a la holgada mayoría absoluta con que cuenta el PP ya que, salvo UPN -que se abstuvo-, el resto de grupos votaron en contra. Una actitud bien distinta a la de países como Portugal o Irlanda, donde su clase política se ha concienciado de la necesidad de los ajustes y mantiene una unidad de acción mucho más consistente que la de aquí.
No hay más remedio que hacer lo que se ha hecho, aunque llega con retraso. Si nada más llegar a la Moncloa Rajoy hubiese implementado de una vez todos los ajustes que ha ido realizando, la situación sería menos dramática. Ese retraso, incomprensible a todas luces, ha desgastado la imagen del Gobierno y ha provocado en la ciudadanía un descontento cada vez más palpable. Tampoco parece ahora el mejor momento para realizar declaraciones como la efectuada por Cristóbal Montoro al afirmar que “o se recorta o no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios”. Lógicamente, los mercados digieren mal semejantes diagnósticos, y así lo han hecho notar.
Por otra parte, cabía esperar más de una oposición empeñada en ignorar la realidad de la actual crisis y más pendiente de sacar réditos del descontento popular. ERC, Amaiur e Izquierda Plural se ausentaban ayer de la votación parlamentaria “para no ser cómplices de un ataque brutal a los derechos de los ciudadanos”. Conviene recordarles que el ataque en cuestión se llevaba produciendo de manera continua desde hace años: un déficit del 8,51 por ciento y más de 5 millones de parados son los efectos más evidentes. Y eso sí que es un ataque al conjunto de la sociedad. Lo de ahora, por doloroso que sea, es la medicina amarga que pretende ponerle remedio. Pese a que alguno de la impresión de pensar lo contrario.
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