Es cierto que
desde aquí no se comparte el pesimismo de muchos analistas sobre la capacidad del Estado de reducir el déficit. También es cierto que, si queremos, podemos reducirlo de un sólo plumazo. En una conversación con un alto funcionario del ministerio de Hacienda, le lanzaba una pregunta algo tosca: “¿Qué pasa si despedimos a 700.000 empleados públicos de los que no son funcionarios?”. Me respondía que inmediatamente entraríamos en números negros. Tengamos en cuenta que en torno al 80 por ciento o más de los ingresos se destinan a pagar los salarios de los funcionarios, que los préstamos se destinan a pagar, sobre todo, el conjunto del gasto comprometido por el Estado, más allá de los salarios.
Claro que
ahorrarse 700.000 sueldos exige cerrar o cortar muchas agencias, oficinas, programas, políticas… Y que Rajoy teme el impacto directo sobre el empleo. Claro está que acabar con el déficit de un plumazo haría que volviese la confianza en nuestra economía, que el superávit permitiría que volviese la financiación al sector privado, que podríamos dar por cerrada la crisis económica en gran medida, y que esta economía privada podría absorber la enorme cantidad de españoles en el paro, si el mercado de trabajo se liberaliza lo suficiente y permite rebajas en los sueldos. Pero ¿Cuánto tardaría la economía privada en hacerlo? Rajoy ha renunciado a ese camino. Da igual, porque ya tomarán decisiones de ese estilo desde Bruselas.
No. Mejor dejar todo como está y cambiarlo poco a poco. Y mientras los cheques alemanes y la inflación del BCE nos irán manteniendo. Bien es cierto que el Gobierno toma decisiones, mucho menos ambiciosas, mucho más rajoyanas, pero que no dejan de tener consecuencias.
En un principio, los datos no parecen acompañarle. Titula El País: “
España rebasa en seis meses el déficit de todo el año por el gasto del paro”. Se refiere al déficit del Estado central, y a que a finales de junio ese déficit estaba en el 4,04 por ciento, mientras que se ha fijado para todo el año el 3,5 por ciento. Recordemos que el Gobierno se atiene al anterior objetivo, que es del 5,3 por ciento, y no asume todavía el posible 6,3 por ciento que le ha ofrecido Bruselas si cumple ciertas condiciones. Una de ellas, por cierto, es ofrecer un plan bienal de reducción del déficit cuyo plazo concluye hoy, y Hacienda lo ha incumplido.
Pero vamos a los datos. ¿De veras son tan negativos? Planteados como lo hace El País, desde luego que lo son. Pero ese desfase se debe en gran parte a que el Estado ha adelantado 5.500 millones de euros a las comunidades autónomas que a lo largo del año contabilizarán igual. En términos homogéneos, es decir, sin tener en cuenta el efecto de este adelanto, el déficit del Estado ha sido del 2,56 por ciento frente al 2,63 por ciento de junio de 2011. Es cierto, todavía, que multiplicado por dos ello supondría un déficit del 5,12 por ciento, lejos del 3,5 por ciento previsto. Y más que el 4,5 por ciento que podría asumir si se queda todo el margen de más que ofrece Bruselas. ¿No hay nada que hacer?
Por un lado, los Presupuestos surten efecto tardíamente. Además, se han adoptado nuevas medidas que producirán efectos en la segunda mitad del año.
Pero por otro, hay una evolución muy preocupante, que parece complicar la capacidad de maniobra del Estado. Por lo que se refiere a los impuestos, IRPF e Impuesto de Sociedades crecen (un 2 y un 4,3 por ciento respectivamente).
Pero el IVA cae un 10 por ciento e hidrocarburos un 7,1. En conjunto, los ingresos suben un ligero 2 por ciento. Con un consumo deprimido, ¿qué efecto tendrá la subida del IVA?
Por lo que se refiere a los gastos, la evolución es mucho más preocupante. Los gastos se han disparado un 18,6 por ciento. Lo peor es que ese aumento se explica por gastos sobre los que no tiene control. Claramente es el caso de los gastos financieros, que crecen un 32,6 por ciento. También es el caso del gasto en subsidios por desempleo, como sugiere El País. Pero las inversiones reales caen en un tercio, y las transferencias a obras públicas, un 56,9. Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos, cree que no serán necesarias más medidas que las anunciadas para cumplir, atención, con el 3,5 por ciento. Luego está el cinturón a las comunidades autónomas.
Dice Funcas que
“después de haber sido modificados los objetivos de déficit público para 2012 y 2013, las previsiones de consenso para esta variable se han situado en un 6,3 por ciento y un 4,0 por ciento del PIB respectivamente para este año y el próximo –frente a 5,9 y 3,8 por ciento en la encuesta de junio”.
Pero como la felicidad no puede ser completa, Open Europe
recuerda que su previsión es que el 1,5 por ciento de déficit fijado para este año “es inalcanzable para al menos siete de las 17 comunidades autónomas”, de las que espera que realicen, eso sí, recortes por valor del 2,5 por ciento del PIB.