Jueves 02 de agosto de 2012
Tras finalizar la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera encargada de controlar el gasto autonómico, se hace necesario distinguir los gestos mediáticos frente a la capacidad de maniobra real de las Comunidades enfrentadas al Gobierno de la Nación. Gesto mediático fue la incomparecencia del representante catalán y el no menos calculado plante de la Junta andaluza en mitad de las deliberaciones. Ambos desaires poseen una intencionalidad electoralista dirigida a erosionar al Gobierno de Rajoy, culpándole ante la opinión pública de las impopulares medidas que se han de tomar sin que, en principio, debieran tener ningún margen de prosperar ya que todas las Comunidades Autónomas están sometidas a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, y gran parte de ellas están abocadas a financiarse en el recién creado Fondo de Liquidez, a través de cual el Ejecutivo puede asegurarse la aplicación de las medidas que considere imprescindibles y perentorias.
Esta es la lectura que hizo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El otro lado de la moneda es la imagen de descoordinación y caos que estos gestos partidistas provocan en un plano internacional, dañando no sólo el crédito del Gobierno sino de todo el país. Aunque el Ejecutivo posee herramientas indirectas para hacer valer sus criterios, la estrechez de miras de estas actitudes lanza un mensaje de incertidumbre sobre el grado de determinación que el Gabinete de Rajoy tendrá para neutralizar el pulso de las regiones.
La duda ya está planteada en un momento crucial para la reforma de las instituciones financieras europeas y la decisiva ayuda que deben recibir países como España o Italia para salir de la crisis y evitar la bancarrota, que puede verse seriamente comprometida por conductas de este cariz.
En unas circunstancias tan comprometidas incluso los mensajes de imágenes de unidad son insuficientes para despejar los interrogantes en ámbitos financieros. Es el caso de la reunión previa de los representantes de las Comunidades Autónomas presididas por el PP. La foto final unitaria pudo leerse como otro gesto mediático para velar pulsos internos que se le han planteado al Gobierno nacional desde dentro de su propio partido. Así lo viene interpretando en sus últimos informes la agencia de medición de riesgos Moody’s, que valoró positivamente los 10.000 millones de ajustes en sanidad y educación anunciados por el Gobierno, pero expresando sus serias dudas de que las Comunidades Autónomas las cumplan. Y este no es sólo el criterio de una agencia de calificación, sino una opinión que gana terreno en los analistas e instituciones económicas.
Más allá de los gestos mediáticos, subyace el grave problema de que fracciones de una Nación puedan atascar o imponerse a las decisiones del conjunto de los ciudadanos de esa misma Nación. Se equivoca Rajoy si prevé imponerse a través de una vía indirecta, porque con toda probabilidad no dispone de tiempo para ello. El error de fondo es no acometer un diseño distinto del Estado autonómico donde, entre otras cosas, fuese imposible que un órgano subordinado de la organización estatal, como es una Autonomía, pudiera coaccionar, chantajear, insubordinarse o imponerse a la soberanía nacional que nombra y controla al Gobierno español.