Frentismo en la Junta de Andalucía

El frentismo desenterrado por la Junta de Andalucía contra las decisiones del Gobierno central pone aún más de relieve los elementos anacrónicos e inoperantes del actual modelo territorial español, convertido en un lastre que asfixia la capacidad de maniobra del conjunto de la nación. La estrategia de la Junta andaluza es de sobra conocida, tras ser utilizada por unos y por otros en incontables ocasiones durante la historia de nuestra democracia con efectos profundamente lesivos para nuestro país: simular un agravio y agitar un victimismo con el que manipular a amplias capas sociales para usarlas en su propio beneficio.

En este sentido, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se ha empleado a fondo en un relato tremendista de los necesarios ajustes que deben realizar todas las Administraciones. Además de volver a sacar a la luz el espantajo de una imaginaria deuda histórica con Andalucía, Griñán hizo un relato poco menos que apocalíptico de las supuestas repercusiones de esa rectificación en el gasto andaluz donde, entre otros males, se vería abocado a cerrar todos los hospitales de la Comunidad y nada menos que la mitad de los colegios. Un relato tan sesgado como histriónico que la población andaluza debería poner en el lugar que le corresponde. Por todos es bien conocida la red de despilfarro que la Junta de Andalucía mantiene viva a través de empresas, fundaciones y organismos repletos de empleados elegidos a dedo, en un tejido clientelar mediante el cual se malbaratan los fondos públicos. Es de esperar que los andaluces no caigan en la trampa de dejarse atemorizar por el retrato de brocha gorda hecho por la Junta. No es necesario cerrar ningún hospital ni ningún colegio, basta con exigirle cerrar el grifo a ese oneroso clientelismo que beneficia a algunos a la vez que impide la definitiva prosperidad y modernización de todos.

En el calculado mundo al revés de esta invocación victimista, la consejera de Hacienda de la Junta andaluza, Carmen Martínez Aguayo, argumentó que su portazo al Consejo de Política Fiscal y Financiera se debió a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a través de los ajustes en el gasto, se proponía “doblegar la voluntad de los andaluces”. Cuando en realidad los hechos reflejan, por el contrario, que son unos políticos de la Junta de Andalucía los que quieren doblegar las decisiones de los españoles para asegurarse sus puestos de privilegio.

José Antonio Griñán, al desenterrar así la vieja hacha de guerra de su predecesor Manuel Chaves, ha orientado a su partido hacia una huida hacia delante irracional y sin sentido. Rubalcaba ha arropado esta estrategia sin tener en cuenta la recién pactada reforma constitucional, que en su artículo 135. 2 impide un déficit estructural, y arremetiendo contra el artículo 155 de nuestra Constitución que permite la intervención de una Comunidad Autónoma. Una reacción que imprime ribetes antisistema al primer partido de la oposición, al menos en su capítulo andaluz. Toda una maniobra perfectamente inútil, ya que de tener éxito, y no ser frenada a tiempo por el Gobierno, daría lugar a un rescate europeo en condiciones realmente draconianas, tanto para España en su conjunto, como para Andalucía en particular.