Brasil: macro juicio a la corrupción política

Brasil atraviesa un momento decisivo no sólo para su presente sino sobre todo para su futuro. El Tribunal Supremo del país sudamericano ha puesto en marcha un macro juicio que ha sentado en el banquillo a treinta y ocho destacados nombres de la política y el ámbito bancario y empresarial, acusados por un escándalo de corrupción. Un juicio de estas características, calificado ya como histórico, nunca se había antes producido en una nación donde la corrupción, tapada por una espesa capa de impunidad, se había convertido en moneda corriente.

Siete años de investigaciones le ha llevado a la Justicia el que ahora exministros, exdiputados y empresarios se enfrenten a penas que pueden acarrearles hasta cuarenta y cinco años de prisión. Conocido como mensalao (mensualidad), este escándalo político-financiero de enorme calibre comenzó en 2002 cuando sus implicados orquestaron una trama de financiación ilegal para la campaña de Lula da Silva, ampliada después a una red de compra de votos en el Congreso presuntamente con dinero público. En 2005 la trama salió a la luz, ensuciando al Partido de los Trabajadores, que gobierna Brasil desde hace casi una década, y puso en la cuerda floja al Gobierno de Lula da Silva. En un principio, el ex presidente brasileño pidió perdón y adujo que había sido engañado por sus correligionarios, aunque posteriormente negó el escándalo apelando a argumentaciones populistas al señalar que se trataba de una especie de conjura contra un mandatario que provenía del pueblo. Da Silva ha sido excluido de la causa penal pero no se descarta que a lo largo del proceso puedan surgir posibles vinculaciones.

El juicio ha despertado tal expectación que incluso será retransmitido por televisión, pues los ciudadanos brasileños son conscientes de la tremenda importancia que reviste y de que su resultado será crucial para que termine o no esta lacra que prácticamente se había hecho endémica gracias sobre todo a la impunidad. Asimismo, junto a este juicio, da cuenta del hartazgo de los brasileños frente a la corrupción el que en las elecciones administrativas del próximo octubre se aplicará por vez primera la denominada Ley del Expediente Limpio, que, tras salir adelante gracias a una iniciativa popular, imposibilitará que se presenten a los comicios candidatos que hayan sido condenados en segunda instancia.

Sin duda, la celebración de este juicio apunta claramente a que Brasil ve ya como elemento imprescindible de una sociedad avanzada y en progreso –su economía es una de las que ha gozado de un mayor crecimiento- erradicar para siempre la corrupción, que es un lastre y una lacra en cualquier país. En todos ellos es preciso atajarla en el momento en que aparezcan incluso leves indicios para no llegar a la situación brasileña, en la que un veinticinco por ciento de sus diputados es investigado por corrupción. La ciudadanía espera, con toda razón, que este juicio sea un antes y un después y suponga definitivamente el fin de la corrupción impune.