Cosas de Sánchez Gordillo

A nadie con un mínimo sentido de lo que consiste el orden democrático —y en definitiva la misma civilización- debería caber ninguna duda sobre la calificación delictiva de las acciones recientes —y antiguas- del eterno alcalde de Marinaleda, comunista confeso, dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores y en la actualidad, además, parlamentario andaluz elegido en las listas de Izquierda Unida, actualmente en el gobierno de la comunidad donde en coalición presta su apoyo al Partido Socialista de Andalucía. El asalto a varios supermercados andaluces para en cuadrilla llevarse de ellos cantidades significativas de productos alimenticios, con el especioso argumento de que hay gente que necesita urgentemente tener acceso a ellos para sobrevivir, con la coda sarcástica de que los distribuirán entre asociaciones caritativas, es pura y simplemente un latrocinio. La sociedad española y sus instituciones, particularmente las judiciales, debe actuar con toda la contundencia que el Estado de Derecho permite para castigar a los culpables, devolver lo robado y restituir a la sufrida comunidad de los que todavía moran en el ruedo ibérico la dignidad y el respeto que unos cuantos robaperas —no merecen otro nombre- han puesto gravemente en entredicho.

Es este un desgraciado tiempo en donde en efecto necesidades básicas de sectores importantes de la población española se ven reducidas a los mínimos indispensables y en donde la faz de una sociedad empobrecida asoma su rostro menos amable de privaciones, escaseces y dramas desgarradores. El tremendo reto al que debemos hacer frente consiste precisamente en conseguir traspasar el valle de lágrimas sin que los valores esenciales de convivencia que colectivamente nos hemos otorgado se vean disminuidos, alterados o en peor del caso definitivamente enterrados. Su consecución ha costado siglos de esfuerzo y progreso y el abandono de su esencia —la libertad individual, la propiedad privada, el aseguramiento del orden, el reparto equitativo de la justicia- nos conduciría a las épocas negras de la humanidad en donde la única ley era la de la selva. Claro que la virulencia de la crisis tensiona hasta límites hasta ahora desconocidos las misma costuras del sistema, que se ve obligado a buscar por todos los medios el modicum de estabilidad y bienestar que permita su continuación. Para ello no faltan solidaridades públicas y privadas que, en la medida de lo posible, procuran paliar las demandas perentorias de los más necesitados. No parece que lo del alcalde de Marinaleda vaya por ese camino. Lo suyo, ya que no parece que su estómago esté vacío ni que haya recibido de nadie el mandato ilegal de robar en supermercados, consiste pura y simplemente en el aprovechamiento demagógico, populista y anacrónico de las dificultades imperantes para seguir manteniendo su imagen de vengador justiciero de los derechos de los pobres, a lo Robin Hood o Curro Jiménez. Es esta la hora de que la institucionalidad constitucional española le diga a Sánchez Gordillo y a los de su especie -los mineros de León que no dudan en utilizar la violencia en defensa de sus reivindicaciones, o los márgenes del 15M, dispuestos a violar sistemáticamente las ordenanzas ciudadanas en prosecución de sus objetivos- que la broma se ha acabado. ¿O es que alguien quiere repetir lo que en este país ha ocurrido cuando gentes como SG han decidido tomarse la justicia por su mano?

Ocurre sin embargo que frente a la seriedad terminal de ese recordatorio, otros, y no son pocos, guiados por la insensatez o por el oportunismo, sin que falten los bienintencionados lelos de costumbre, otorgan a los delitos de SG la risueña categoría de gracieta, “cosas de Sánchez Gordillo”, dicen, sin otorgarle mayor trascendencia ni otra Importancia que, como ha hecho el Presidente andaluz Griñán, tachar lo perpetrado por el alcalde como una “barbaridad”, o su Vicepresidente, Valderas, afirmar sorprendentemente que no está de acuerdo con las formas. ¿Con qué está de acuerdo entonces? Tanto como para incluir el grave incidente en una graciosa broma andaluza. ¿O es que quizás las barbaridades no merecen otra cosa que le risueña censura, esa que se prodiga entre coleguillas, al estilo de “no te pases, que me complicas la vida”? Menuda aportación a la “marca España”.

Seguramente no es SG el único que merece acabar en el trullo de esta España a la que la crisis ha descubierto poblada de una no corta cantidad de vagos y maleantes. La salida de la crisis y el retorno a la estabilidad económica y civil exigirá entre otras muchas cosas poner limpieza y orden en este generalizado Patio de Monipodio, en el que se codean gentes unificadas en la mangancia aunque alardeen de diferentes colores en sus cuellos azules, blancos y rojos. Pero entre tanto, y ya que SG nos alegra el verano con sus ocurrencias, y en la urgente espera de que la fiscalía y la judicatura se pongan en movimiento, el famoso alcalde podría depararnos dos buenas noticias: dedicar la mitad de sus emolumentos a pagar lo robado en los supermercado y en el futuro entregarlo a CARITAS para sus tareas compasivas; y anunciar con toda la difusión que sea necesaria que desde ahora renuncia al privilegio del fuero parlamentario para someterse a la justicia como un mortal del común.

¿O es que entre las funciones de los parlamentarios andaluces se incluye la de poder asaltar Mercadona?