Los subsidios han de replantearse

El gobierno ha prorrogado el subsidio de 400 euros. Lo hará de tal modo que, a la espera de que los términos se precisen en el próximo consejo de ministros, serán de un acceso más difícil y estarán más condicionados a la búsqueda activa de empleo. Es la solución temporal que ofrece el gobierno al problema de tener que recortar la enorme factura de los subsidios por desempleo, pero no deja sin ayuda a personas que están en una situación comprometida.

Cabe pensar que hay otras partidas que quizás haya que recortar con mayor premura que ésta, destinada a ofrecer una pobre ayuda a quienes están en el último escalón de las oportunidades. Pero lo cierto es que el mismo diseño -cuando no el concepto- del subsidio está mal concebido y su efecto final sobre quien lo percibe es probablemente más negativo que positivo.

El propósito de los distintos escalones de subsidio que tiene España es el de sostener económicamente a las personas que se encuentran temporalmente desempleadas mientras buscan resolver su situación laboral. El problema con este esquema es que hace menos atractivo el nuevo empleo, ya que lo que se gana de más trabajando puede ser poco, o incluso se puede perder ingresos temporalmente. Ello desincentiva salir del desempleo. Prueba de ello es que, en las épocas buenas, los desempleados encontraban trabajo en fechas muy próximas a la extinción del subsidio.

En España cunde la idea del subsidio más como una asistencia o incluso como un derecho, en lugar de como una ayuda puntual que es sólo un paso intermedio hasta el próximo trabajo. No es ajeno a ello el hecho de que los subsidios, en España, no tienen nada de puntuales. Somos el país de Europa en el que un ciudadano puede recibir subsidios durante más tiempo: 71 meses, por los 48 de Dinamarca, que ocupa un segundo lugar. Un caso más frecuente son los 15 meses de Irlanda o los 12 de Luxemburgo, por poner dos ejemplos.

Así las cosas, el propio Estado desincentiva la búsqueda de empleo, fomentando el fraude de los perceptores al Estado, al conjunto de la sociedad y a sí mismos. Y carga sobre los bolsillos de todos unas facturas que son inasumibles. De hecho, favorece una cultura del acomodo frente al esfuerzo y al ingenio. El Gobierno, más allá de lo que haga con esta ayuda de 400 euros, tiene la obligación moral de replantearse todo el sistema de subsidios, tal como le exigen toda clase de organismos internacionales y nacionales. La justicia y la conveniencia económica así lo exigen.