Bolinaga, "¿uno de los sapos que se tenía que tragar?"

Efectivamente, el Gobierno ha tomado una decisión polémica sobre el futuro del preso etarra y carcelero del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, al que tuvo secuestrado en condiciones inhumanas durante 532 días y que si no llega a ser por la brillante operación de la Guardia Civil que le liberó a saber dónde estaría a estas horas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido conceder al terrorista Iosu Uribetxebarria Bolinaga el tercer grado, que le permite ir sólo a dormir a la cárcel en función del informe remitido por la prisión vitoriana de Zaballa y en el que se aportan los partes médicos que aseguran que el etarra tiene una posibilidad de morir en un año del noventa por ciento debido al cáncer terminal que padece.





Desde el PP se asegura que lo único que se ha hecho ha sido cumplir la ley, argumento que no comparten las víctimas del terrorismo. Fuentes de este colectivo han señalado a este diario que “es un sapo muy grande el que hay que tragar con esta decisión del Gobierno, que se suma a otros muchos pequeños que se han ido sucediendo en los últimos meses, como el mantenimiento de la vía Nanclares para la reinserción de etarras y que dan la impresión de que el PP no ha roto los acuerdos tomados por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en sus negociaciones con la banda terrorista ETA”.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha asegurado en declaraciones a Efe que “está claro que aquí para conseguir algo tienes que armar jaleo, como ponerte en huelga de hambre”. Más lejos ha ido la asociación Dignidad y Justicia, que ha animado a Bolinaga “a terminar lo que empezó”, la huelga de hambre, pero con un plazo: “Que cumpla un mínimo de 532 días exactos en la misma situación que tiene ahora, el mismo tiempo que mantuvo a Ortega Lara secuestrado y en condiciones de huelga de hambre”.

Desde el PP, su vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano, ha asegurado que “no ha habido ninguna cesión” a ETA, sino que el Gobierno se ha limitado a “cumplir siempre de acuerdo con la ley y llevar cabo el estricto cumplimiento del Estado de Derecho”. Desde el PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, ha dado su apoyo a la decisión de Instituciones Penitenciarias de otorgar el tercer grado a Bolinaga porque “apoyamos al Gobierno en las decisiones que tenga que tomar en materia de política penitenciaria en aplicación de la Justicia”.
Floriano, por su parte, ha querido matizar que la resolución por la que se le concede el tercer grado establece unas premisas de prevención si el etarra queda en libertad condicional, como que debe alejarse de las víctimas de la banda, no participar en actos de apoyo a ETA y no ausentarse de su lugar de residencia.

Las fuentes consultadas señalan que la concesión del tercer grado es el primer paso, “más que evidente”, para que el juez Pedraz, en estos momentos de guardia en la Audiencia Nacional y sustituto del juez de vigilancia penitenciaria, ponga en cualquier momento en libertad condicional a Boligana, pese a que el magistrado haya pedido este mismo viernes a los médicos forenses de ese órgano judicial un informe sobre la posibilidad de que el carcelero y torturador de José Antonio Ortega Lara pueda seguir el tratamiento contra el cáncer en prisión.

Los analistas políticos consultados por “El Imparcial” señalan que en esta cuestión existen problemas de fondo. Uno, que el mundo etarra haya apelado a motivos de “humanidad para pedir la excarcelación de uno los terroristas más inhumanos que haya existido en esa banda terrorista, y que estuvo a punto de dejar morir a José Antonio Ortega Lara en el zulo en el que estaba escondido con tal de no confesar ante la Guardia Civil donde le tenían secuestrado”. Argumento que “ha revuelto las tripas no sólo a las víctimas del terrorismo, sino a la inmensa mayoría de los españoles”.

Otro, el gran pulso que ETA, a través de sus presos, declarándose más de doscientos de ellos también en huelga de hambre, y de sus partidos políticos afines “han echado al Estado con la situación de Bolinaga”. En este sentido, los mismos medios destacan que “el proceso en el que nos encontramos el Gobierno y la banda se están midiendo, con puntos para el primero, las continuas detenciones de etarras, y para la segunda, con decisiones como la de hoy y, fundamentalmente, con su presencia en las instituciones públicas, desde ayuntamientos hasta el Congreso de los Diputados”.