El ejemplar caso del deleznable preso Uribetxebarria

José Antonio Ortega Lara estuvo 532 días sepultado en un horrendo zulo por Josu Uribetxebarria, uno de sus secuestradores etarras, ahora a punto de obtener la libertad provisional del Gobierno. La ausencia de humanidad que tuvieron con un inocente absoluto como el señor Ortega Lara, demuestra que la llamada “izquierda abertzale” posee los rasgos esenciales que Hannah Arendt atribuyó a los nazis cuando retrató a Adolf Eichmann, otro deleznable caso parecido al de Josu Uribetxebarria. Con alguna diferencia a favor de Eichmann: Uribetxebarria no es un probo funcionario, cumplidor de órdenes superiores, ejemplo de “la trivialidad del mal” (Arendt), sino un secuaz entusiasta de la política independentista del nacionalismo radical vasco.

Una parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo se han enfrentado al Gobierno cuando éste ha informado favorablemente de la excarcelación de Uribetxebarria por motivos humanitarios. Sus detractores, los mismos que secundaron al partido gubernamental mientras estuvo en la oposición (ahora con el refuerzo oportuno de Rosa Díaz), le acusan de nada menos que de traición a las antiguas promesas; de sentirse “engañados por este Gobierno, que sigue la política de Rubalcaba” (Francisco José Alcaraz, “líder” de “Voces contra ETA”); de “ceder ante la coacción de ETA y confirma(r) la traición a las víctimas” (Asociación de Víctimas del Terrorismo), etcétera.

La tarea de justificar la decisión del Gobierno ha recaído en el secretario general de prisiones, Ángel Yuste, un cargo de nivel medio. Siguiendo una táctica querida por este Gobierno, se ha buscado con ella dos objetivos: dejar a salvo a los políticos de primer nivel gubernamental (para entendernos, los que se presentan a las elecciones), y presentar la decisión de excarcelación de Uribetxebarria como un mero y administrativo asunto del complimiento de la ley.

Ése ha sido el error del Gobierno, uno de tantos que llegan de su pasado partidario en la oposición. Excarcelar a ese repugnante preso no es una cuestión administrativa. Es algo que afecta directamente a la política, a la política que hacen los Gobiernos para educar democráticamente a las sociedades que dirigen: ése es el liderazgo al que están obligados.

Como ha explicado muy bien Ángel Yuste, las leyes no obligaban al Gobierno a excarcelar automáticamente a alguien que sufre, como Uribetxebarria, un cáncer terminal. La Ley establece que el Gobierno no está obligado por ella, sino que “podrá” conceder “el tercer grado”, una medida de medio-libertad al recluso enfermo. Tampoco el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario (de acuerdo con el Código Penal y la Ley General Penitenciaria) exige que el preso esté arrepentido. La falta de arrepentimiento ha sido el argumento usado por los contrarios a la decisión del Gobierno, pues el partido político que lo sustenta se sirvió de él mientras estuvo en la oposición, ignorando aviesamente que el arrepentimiento es propio del derecho penal medieval, y no de una legislación liberal como la nuestra.

Lo que pudo presentarse como la superioridad moral de la democracia constitucional, se ha convertido en otra ocasión fallida para lograrlo. La quiebra de los consensos originarios, la utilización del dolor de las víctimas como munición contra el oponente político, son demoledoras en un Estado europeo como el español. Nuestra convivencia se basa en un delicado acuerdo que hace posible que no exista, por ejemplo, pena de muerte. En Estados Unidos, el problema que tenemos con ese preso no se daría: sus leyes lo hubieran condenado a muerte, o estaría sujeto a unas normas carcelarias severísimas.

El PP debería darse cuenta de los problemas que creó con su estrategia política del pasado. En lugar de disimular lo que hacen con trucos como decir que están obligados por la ley (abriendo así la puerta a la infamia de cambiarla), debería buscar entendimientos con otras opciones políticas, sinceramente comprometidas con la defensa de la Constitución (incluyendo la abolición de la pena de muerte, y la idea de que el fin de la pena no es la venganza sino la rehabilitación del delincuente).

El futuro inmediato no será fácil para que el Gobierno lo afronte solo. No por los otros terroristas condenados que también están enfermos, sino por el escenario que se está abriendo con el final de ETA.

“La democracia de la Constitución Española de 1978 ha derrotado a la banda terrorista”. Este eslogan repetidísimo debería servir para lograr un gran acuerdo para que se sepa, con la absoluta claridad de un principio, la política que hará el Estado entonces. Habrá negociación, aunque ahora se diga lo contrario. No hay un solo caso que no sea así. Negociación que no será algo ilegal. Pero el Estado podrá abordarla con la máxima fortaleza, procedente de esa verdad de su victoria contra ETA, si el Gobierno cuenta con un respaldo amplio en el Congreso y en el Senado. Los tiempos son difíciles, por causas diversas, pero no más que hace 30 años, cuando el Estado constitucional tenía enemigos mucho más poderosos que la organización terrorista vasca. ¿Tendrán que empeorar los problemas mucho más para que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas? El riesgo también es para ellas: pueden ser reemplazadas por otras fuerzas políticas, dispuestas a cambiar nuestras leyes por otras menos liberales.