La comisión de los ERE

El espectáculo que está ofreciendo estos días la comisión del parlamento andaluz destinada a investigar el caso de los ERE fraudulentos roza el bochorno. Hasta la fecha, todos los comparecientes se han negado a responder a pregunta alguna, optando en su lugar por leer declaraciones exculpatorias. No han aportado, en consecuencia, ninguna información relevante, lo que llevaría a preguntarse por el objeto de constituir una comisión en la que no se está sacando nada en claro.

Hay sin embargo, una justificación para todo ello. Ocurre que todos los que hasta la fecha han sido citados por el parlamento se hallan imputados en la causa de los ERE. Cualquier cosa que digan públicamente puede ocasionar un serio perjuicio a sus estrategias de defensa; de ahí su silencio. Y en un estado de derecho, nadie está obligado a declarar contra sí mismo.

Dicho lo cual, resta aún por declarar un buen número de personas que no están -todavía- imputadas. Esas personas, pues, tendrían que responder a cuanto se les pregunte, en aras a aclarar uno de los escándalos más graves de los últimos tiempos. Con ellos, la comisión de investigación sí tendrá sentido. O debería, al menos.