El imperio de la ley

Según la Constitución española, España “se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, siguiendo en ello la terminología generalizada para describir en el espacio continental europeo la ordenación democrática de la sociedad basada en la supremacía de y el respeto a la ley. Los anglosajones por el contrario, y para describir la misma realidad, utilizan una expresión mas directa y comprensible: el Estado de Derecho es para ellos “the rule of law”, el imperio de la ley. Con ello dan el salto gráfico desde lo que para la mayoría de los mortales es una entelequia –el Estado de Derecho- a la practicalidad de una noción obligatoria –la ley debe ser respetada-.

Quizás por ello las sociedades anglosajonas hablan menos del sistema y más de su cumplimiento mientras que las continentales, y ciertamente la española, se regodean en la evocación del principio mientras dudan en la aplicación de sus consecuencias. No hay semana en que la política española evite la evocación, normalmente en términos grandilocuentes, del Estado de Derecho y tanto en el gobierno como en la oposición, aunque es cierto que mas a derechas que a izquierdas, su mención sirve para demandar sacrificios o explicar incomodidades. Son incontables los que ignoran el alcance de la expresión Estado de Derecho. Casi tantos como los que ya la identifican con un difícil compañero de viaje surgido al aire de la persistente crisis y del que seguramente nos podremos librar cuando la prima de riesgo vuelva a cauces civilizados.

Porque entre tanto lo que realmente importa del Estado de Derecho –el cumplimiento de la ley en términos iguales para todos los ciudadanos- brilla por su ausencia. Tanto como para que las invocaciones al Estado de de Derecho comiencen ya a sembrar la semilla de la duda. ¿No estarán intentando darnos gato por liebre?

No cumplen la ley los que ignoran que la Constitución española describe a España como ¨la patria común e indivisible de todos los españoles¨. No cumplen la ley los que en la misma línea ilegal de conducta, pretenden sortear la obligación constitucional de que los españoles conozcan y usen el castellano. No cumplen la ley los que día si y día también proclaman su separatismo. No cumplen la ley los que no utilizan los recursos constitucionales y legales para atajar esas manifestaciones ilegales. No cumplen la ley los que asaltan supermercados, hoteles y bancos bajo la pseudo bandera de la reivindicación proletaria pero tampoco la cumplen los que teniendo la obligación de hacerlo no hacen nada para impedirlo. No cumplen la ley los que con argucias varias evitan comparecer ante los jueces que les encausan por conductas delictivas. No cumplen la ley los que abiertamente se mofan de las instituciones parlamentarias que han acordado su comparecencia para dar cuenta de conductas posiblemente dolosas y seguramente criminales. No cumplen la ley los que se han entregado a dudosas prácticas financieras en beneficio propio y perjuicio del contribuyente. En definitiva, para no alargar demasiado esta enumeración que cualquier ciudadano podría confeccionar diariamente con lágrimas en los ojos y angustia en el corazón, no cumplen la ley los que la violan y los que excusan u olvidan su obligación de hacerla respetar. El Estado de Derecho, por mucho que se evoque su grandeza, puede convertirse en una peligrosa cáscara vacía de contenido si encubre una patética realidad: la de que la ley no es respetada y la de que su olvido no tiene consecuencias.

Entre los múltiples males que aquejan a la baqueteada nación española, y cuya larvada existencia ha sido puesta de doloroso relieve al estallar la crisis, está precisamente el carácter permisivo y blandorro sobre el que se han construido los mimbres de nuestra convivencia. Quien mas quien menos en las instancias de poder intuye o piensa que un mal apaño es mejor que sostener con firmeza los principios de la legalidad, todo ello en aras de evitar confrontaciones y mantener la paz. Como bien se comprenderá, ello ha desembocado en un peligroso juego de malentendidos en el que los que desafían la legalidad no cejan en su empeño mientras que los encargados de su puesta en práctica son los primeros en ceder los bastiones de su defensa. Y mientras se debilita peligrosamente el tejido de la unión nacional su acomplejada afirmación queda orillada a condiciones puramente circunstanciales: como si el peligro que acecha a la “indivisible unidad” debiera ser conjurado solo por los efectos dañinos que tiene sobre la evolución de la crisis económica o si el Estado de Derecho fuera la herramienta a evocar para justificar la tranquilidad de ánimo de los terroristas y sus secuaces. Al final del camino todo ese conjunto de bientencionados y mal orientadas permisividades no conducen a la grandeza del Estado de Derecho sino a la impunidad. Es decir, a la arbitrariedad derivada de una sociedad desnortada en donde la ley no cumple su supremo papel de regulación de conductas y queda convertida en un lejano papel mojado del que no hay que hacer mucho caso. “Todo vale” porque “nunca pasa nada”.

Nadie ha podido reflejar mejor la disolución mental en la que la sociedad española se encuentra que el portavoz politico, de un partido de cuyo nombre no quiero acordarme, que al conocer las barrabasadas delictivas del Alcalde de Marinaleda recomendó enfáticamente a sus compañeros que evitaran la “sobreactuación”. Semejante majadería tiene un inevitable corolario: evitemos el cumplimiento de la ley porque estaríamos “sobreactuando”. Así nos va.