Consejos Consultivos: derrochadora e innecesaria duplicidad

En cualquier momento, y muy especialmente en etapas de grave crisis como la que atravesamos, la falta de austeridad se convierte en un elemento que debe ser seriamente corregido. Máxime cuando deriva hacia un tan gravoso como inútil derroche. El Estado autonómico ofrece, por desgracia, numerosos ejemplos de ese despilfarro. Un auténtico y carísimo error supone la duplicidad de organismos, altos cargos, y funcionarios que se produce entre el Estado central y el autonómico. Una muestra paradigmática de ello lo brinda la existencia de los Consejos Consultivos en cada Comunidad que funcionan como órgano supremo de asesoramiento, con el cometido de elaborar informes jurídicos sobre diversas cuestiones. La primera Comunidad que creó su propio Consejo Consultivo fue la catalana, en 1981 –reemplazado poco después por el Consejo de Garantías Estatutarias, con similares funciones-, a la que posteriormente se fueron sumando las demás, a excepción de Cantabria, que hoy es la única que no tiene este órgano.

Se da la circunstancia de que estos Consejos Consultivos no hacen otra cosa que imitar al Consejo de Estado, en una duplicidad innecesaria, donde para más inri, no son pocas las ocasiones en las que los informes emitidos ni siquiera son vinculantes. Sin duda, el Consejo de Estado está en perfecta disposición de asumir una labor, que así como está repartida, cuesta más de treinta millones de euros al año.

La falta de necesidad de estos Consejos Consultivos es evidente. Durante mucho tiempo numerosas Autonomías no los tuvieron, y Cantabria no lo tiene ni lo tuvo jamás, sin que esto ocasione ningún perjuicio. Los Consejos Consultivos son otra más de las sangrías que hoy menos que nunca podemos permitirnos. Este caso, que no es el único en el derroche autonómico, confirma que no resulta extraño el creciente malestar ciudadano con la actual concepción del Estado Autonómico, cuya viabilidad, tal y como está concebido actualmente, aparece más que problemática. Así se manifestó en un dato altamente significativo del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según el cual cerca de un cuarenta por ciento de la ciudadanía apostaba por una revisión del modelo territorial español.