crónica política
Martes 28 de agosto de 2012
Definitivamente, Cataluña no ha tenido más remedio que “plegarse”, según las fuentes consultadas, y acudir al Fondo de Liquidez Autonómico para tener acceso a esos 5.023 millones de euros que le permitirán hacer frente a los pagos que tiene pendientes hasta fin de año. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado tras la primera reunión del Ejecutivo catalán después de las vacaciones, y en la que se ha decidido pedir el rescate, que usará este dinero para cumplir con el déficit público y ha instado al Ministerio de Hacienda a poner en marcha estos recursos en septiembre “para que no se compliquen las cosas a todos”.
Homs ha querido diferenciar este rescate de la ayuda financiera por parte de la Unión Europea a España, pues a su juicio “los catalanes pagan unos impuestos al Estado. En cambio los recursos que puede recibir España se nutren de la aportación de otros contribuyentes europeos”.
En este sentido, ha insistido en que los 5.023 millones de euros "es un dinero que es de los propios catalanes, que pagamos con nuestros impuestos" y asegurado que la Generalitat no admitirá la imposición de condiciones políticas para acceder a esos fondos, aunque se ha mostrado convencido de que el Gobierno no tiene intención de ir por esa línea y se limitará a establecer los requisitos de supervisión y a aplicar las competencias que le da la ley de estabilidad financiera.
Analistas políticos consultados por este diario subrayan que “al final a la Generalitat de Artur Mas no le ha quedado más remedio que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico para poder llegar a fin de año y no entrar en quiebra o ser intervenida por el Estado”. El Gobierno catalán, según las mismas fuentes, “de todas formas ha intentado salvar la cara ante sus votantes y la oposición al asegurar que no admitirá condiciones políticas y recurriendo al argumento victimista de que esos 5.023 millones de euros proceden de los impuestos de los catalanes”.
Mientras tanto, en Madrid, el presidente del Gobierno y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha negado que se esté negociando un segundo rescate de España por parte de la Unión Europea. En el encuentro se analizado la difícil situación por la que atraviesa la zona euro y especialmente el proceso por el que nuestro país recibirá 60.000 millones de euros, de los 100.000 previstos para sanear su sistema bancario.
Preguntado en rueda de Prensa posterior a su encuentro sobre ese posible rescate, Rajoy ha sido categórico: “No hay ninguna negociación sobre este asunto porque el Gobierno no ha hecho ninguna petición en ese sentido”. Por su parte, Van Rompuy ha asegurado que estaba totalmente de acuerdo con lo dicho por el jefe del Ejecutivo.
Por otra parte, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha viajado al País Vasco para visitar en persona al carcelero de José Antonio Ortega Lara, Iosu Uribetxeberría en el Hospital Donosita de San Sebastián y entrevistarse con los oncólogos que le están tratando el cáncer que padece. El juez quiere ratificar el informe que emitió ese centro sanitario y en el que calificaba el estado de salud de “irreversible”. Un contra informe de la forense de la Audiencia Nacional aseguró que el terrorista no se encontraba en fase terminal, hecho que ha provocado que el fiscal se haya opuesto a la puesta en libertad de Bolinaga.
El caso Nóos ha tenido este martes un episodio inesperado al anunciar el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, su regreso a España después de tres años viviendo en Washington, y su salida temporal de Telefónica, al haber pedido una excedencia. En un comunicado, el yerno de Su Majestad el Rey argumenta que ha tomado esta decisión “ante la posibilidad de que el procedimiento judicial pudiera tener incidencia negativa para el grupo”. El marido de la Infanta Cristina está inmerso en una causa en los juzgados de Palma de Mallorca por sus actividades profesionales como presidente del Instituto Nóos.
Urdangarín afirma en la nota que se trasladará a Barcelona junto con su familia “con la intención de volver a desarrollar con la compañía nuevas actividades en el futuro” y que ha informado de estas decisiones a la Casa del Rey.
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