El dictamen de Moody’s y la inseguridad jurídica en España

En unos momentos como los actuales, es de decisiva importancia preservar el interés por invertir en España. No parece, desgraciadamente, que se vaya por buen camino. A las voces de alarma de los expertos, se suma ahora un dato más que preocupante. La agencia de ráting estadounidense Moody’s tomará antes del día trece del próximo septiembre una decisión que puede tener indeseables consecuencias. En ese momento, Moody’s decidirá si rebaja aún más la calificación crediticia de España. Ya en el pasado mes de junio, esta influyente agencia de calificación de riesgo recortó de manera considerable la nota española, de A3 a Baa3. Si baja un peldaño más, nuestro país se situaría en el grupo de emisores considerados, en el argot financiero, como “bono basura”, colocándose en el mismo nivel de economías como las de Namibia o Azerbayán.

Moody’s se dio un plazo de tres meses, que ahora se cumple, para revisar nuevamente el ráting de España. Los motivos por los que la agencia norteamericana bajó la calificación a nuestro país siguen pesando. Sobre todo, continuamos con una alta prima de riesgo, donde sólo se producen momentáneos respiros, la amenaza del rescate –que sea “blando” no deja de ser un pobre consuelo- pende sobre nosotros como una espada de Damocles, y, en general, las perspectivas económicas no mejoran. La propia agencia estimaba hace escasos días un desplome del PIB para este año entre el 1,5 % y el 2 %. En el plazo que estipuló Moody’s para revisar el ráting español es cierto que se han hecho esfuerzos, aunque todavía insuficientes dada la situación poco menos que desesperada –ante los problemas es inútil y contraproducente tratar de edulcorarlos- en la que nos hallamos. Pero, también, han sucedido algunos hechos que, sin duda, incidirán muy negativamente en la decisión de Moody’s.

La más destacada y lamentable es la actuación del diputado de Izquierda Unida y alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo con sus ocupaciones de tierras, a las que unió las de sucursales bancarias, y asaltos a supermercados. Con el colofón de insensatas afirmaciones de algunos de sus correligionarios que no tuvieron ningún empacho en decir que la propiedad privada es un derecho discutible. Todo ello daría mucho juego en un esperpento, pero, en la realidad, causa un enorme daño. De hecho, ya lo está causando. Ello ha llevado a la administración americana a cursar una nota en la cual se considera a España un país arriesgado. Es decir un Estado donde la seguridad jurídica es cuestionable. Y, en efecto, un lugar donde no se impone la ley, es cuestionable.

El menor atisbo de inseguridad jurídica, como la que escolta a los hechos promovidos por Sánchez Gordillo, resulta totalmente letal para la inversión tanto nacional como extranjera. Una inversión que se quedará bajo mínimos si Moody´s -y parece que los analistas financieros se inclinan a pensar que será así- recorta aún más la nota española.