¿Habrá recortes en las próximas elecciones? (I)

Siempre resulta difícil reflexionar sobre la realidad política en un contexto de crisis, ya que en su cíclica presencia hacen aflorar lo mejor y peor de la sociedad. La vigente acaece tras una etapa de gran movilidad económica, que en buena medida explica las actuales consecuencias críticas en todos los ámbitos. En el político resurge la malquerencia política en este caso con gran virulencia, tal como demuestran las encuestas. En ellas se vuelve advertir las habituales contradicciones de una opinión pública que por ejemplo mayoritariamente opina que desconoce la Constitución (hace 2 años solo un 12% opinaba que la conocía bien), pero más de la mitad quería modificarla y no estaba satisfecha con ella (CIS, estudio 2853). Además se multiplican las convocatorias, algunas amparadas en el anonimato, que promueven prácticas antidemocráticas (por ejemplo Sánchez Gordillo), populistas (por ejemplo muchas demandas de UPyD y de SCyD) y en algunos casos golpistas y anti-sistema y que al parecer unen a grupos de ambos extremos (“ocupemos el Congreso”).

Pero una de las singularidades de la vigente y multiforme crisis es la incapacidad de los grandes partidos en ejercer el liderazgo político para afrontar las necesarias reformas y recortes. Los programas electorales para ambas elecciones de 2011 de PSOE y PP incluían propuestas de regeneración política, algunas de las cuales las han aplicado, como un cierto recorte de sueldos, o de consejerías. Sin embargo, el liderazgo requiere enormes dosis de pedagogía y comunicación, pero también de prácticas y decisiones ejemplares. Por ello cabría preguntarse si ante las próximas elecciones, pero no solo en Galicia y en el País Vasco, por ejemplo el PP podría aplicar para todos sus cargos públicos los “principios y medidas de austeridad, racionalización, reformismo y transparencia” incluidos en el su Programa de 2011 y que se están adoptando lentamente para las administraciones.

En consecuencia, ello requiere revisar la política de personal de los partidos: establecer y priorizar criterios profesionales en el reclutamiento sobre la confianza y similares. La altísima tasa de renovación y la enorme versatilidad de las singulares carreras políticas, aunque pueden favorecer la coordinación territorial de los cargos públicos del partido, sin embargo dificulta la relación con los ciudadanos. Otra iniciativa importante y eficaz dado que no es fácil reducir el número de diputados autonómicos y del resto del personal que trabaja en dichas cámaras para que tal medida permitiera ahorrar, consiste en reducir el número de diputados con dedicación exclusiva como ocurría antes de 1995. De tal manera que al compatibilizar su actividad profesional con la de representante puedan tener un contacto real con los ciudadanos. Los diputados con dedicación exclusiva deberían ser pocos y dedicados a las relaciones con las organizaciones locales o de distrito para establecer sesiones periódicas de contacto con grupos sociales y en su caso de ciudadanos. Esto exige reclutar a candidatos serios, eficaces, solventes y veraces, presentar su perfil socio profesional y político y limitar el número de candidatos “dependientes”, es decir de aquellos que carecen de profesión previa. Para ello es fundamental o bien que desaparezcan las organizaciones juveniles de los partidos o que al menos no recluten candidatos que carezcan de formación y experiencia profesional al margen de la política. Estos criterios también se han de aplicar a los concejales de las urbes de más de 20.000 habitantes, entre los que se concentran los que tienen dedicación plena.

Finalmente, dado que los partidos se financian esencialmente con dinero público podrían “importar” una medida que atañe a los funcionarios que solo pueden cobrar un salario público. Así, debían aplicar este criterio a los cargos públicos, tal como se recogía en el programa socialista y evitar la acumulación de cargos, al menos en tiempos de crisis. También podrían “importar” el criterio de las empresas que solo permiten contratar a un miembro familiar en dicha organización empresarial.

Casi todas estas reformas solo requieren voluntad política y quizá modificar estatutos o reglamentos de partido y son claros ejemplos del necesario liderazgo que los partidos pueden ejercer en tiempos críticos. También habría que aplicar el mismo criterio a los empleados públicos de las instituciones representativas especialmente la relativa a la dedicación parcial.

Obviamente estas medidas han de complementarse con otras que incentiven social y económicamente a los políticos para evitar que solo lleguen a la política quienes carecen de profesión alternativa, asunto del que hablaremos próximamente junto a otras posibles medidas de ahorro para las elecciones en periodo de crisis.