Una España desfederada

Conviene que tengamos siempre claro lo que significan las palabras cuando las utilizamos en nuestro quehacer diario, sea como el mío docente o de escritura o sea cualquier otro, si queremos que nos entiendan..., si queremos entendernos. La precisión en el uso del lenguaje es aún mucho más importante cuando se trata de la vida política.

Al reto independentista que ha lanzado el nacionalismo catalán –que no es nuevo y que coincide con el que constantemente se plantea desde el nacionalismo vasco ya hace más de un siglo–, ha contestado Alfredo Pérez Rubalcaba dejando claro que encontrarán al PSOE enfrente. Este fin de semana en la Fiesta catalana de la rosa, el secretario general del PSOE se mostró a favor de una orientación federal del actual Estado autonómico, lo que vendría a ser una vía intermedia entre el separatismo y el actual modelo constitucional de estructuración territorial del Estado. En su entrevista de ayer en TVE1, el líder socialista precisó algo más –aunque no mucho– por dónde va su iniciativa: habló de la reforma del Senado, tanto de su composición y modo de elección como de la necesaria fijación de las materias en las que intervendría en su función de colegislador junto al Congreso. Esto supondría que el Senado dejaría de ser una Cámara de segunda lectura, que es lo que es actualmente, y se concentraría en la legislación de competencias que afectasen al conjunto o a varias de las hoy llamadas Comunidades Autónomas, que pasarían a llamarse presumiblemente Estados federados si se desembocase en un modelo federal pleno.

Lo que Rubalcaba propone respecto al Senado exige la reforma de la Constitución y, por lo tanto, el acuerdo con el PP, hoy por hoy partido mayoritario en ambas cámaras y gobernante en la mayoría de las Comunidades Autónomas. No parece fácil. Es de suponer que lo que algunos socialistas llaman “modelo federal” –que no tengo del todo claro que Rubalcaba apoye, por lo menos en la versión catalanista del PSC– vaya más allá de una reconversión del Senado para que éste sea una verdadera cámara territorial que representase los intereses de los Estados federados según el modelo de Estados Unidos que Rubalcaba citó ayer. Hay que recordar que, aunque el modo de elección dista del estadounidense, el principio de representación territorial está establecido en el caso español, bien que combinando la elección ciudadana directa del número de senadores que corresponden a cada provincia, islas, Ceuta y Melilla, con la elección indirecta de senadores a través de los parlamentos autonómicos. La elección de senadores por Comunidades Autónomas era inviable en 1978 en tanto que ni siquiera se sabía exactamente cuántas podrían constituirse. Según lo que ayer sugirió Rubalcaba, se pasaría a un sistema de elección de un número determinado de senadores por cada Comunidad Autónoma o Estado federado. Habría que ver si en número igual para cada uno de ellos o, como se hace hoy, sumando al mínimo preestablecido un número de senadores en función de la población.

A nadie se le escapa que el peso político de Estados federados como Cataluña o el País Vasco en este diseño territorial quedaría disminuido en relación a la capacidad de influencia actual de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, sobre todo si paralelamente se optase por un sistema electoral para el Congreso que permitiese una mayor presencia de terceros partidos con implantación federal, lo que parecería razonable. Quizá en previsión de estos riesgos, los nacionalistas catalanes y vascos han expresado reiteradamente que no están por un modelo federal, y menos si éste fuese simétrico. Por otro lado, muchos dirigentes de Comunidades Autónomas se han mostrado en contra del federalismo asimétrico que en su día propuso Pascual Maragall y recogió José Luis Rodríguez Zapatero.

Más conflictivo pienso que sería delimitar en qué materias intervendría el Senado como legislador único o principal en un país como España donde la descentralización es tan amplia y la mayoría de competencias son ya ejercidas por las actuales Comunidades Autónomas. Se correría el riesgo de “descafeinar” el Congreso, y habría que fijar en qué medida éste podría o no corregir con mayorías cualificadas las decisiones tomadas en el Senado. Sobre estas cuestiones hay ejemplos internacionales más que suficientes para ilustrar una futura Constitución.

Pero antes de entrar en el diseño político y normativo de cómo sería el nuevo Estado federal hay que recordar la definición de “federar” que da el Diccionario de la Real Academia Española: “(del latín foeder?re): unir por alianza, liga, unión o pacto entre varios”. Para unir algo con otro ente, como recordó José Ortega y Gasset en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, previamente tienen que ser ambos independientes. Mi compañero Gregorio de la Fuente me recuerda que en los mismos términos se había planteado el tema en el Sexenio democrático, del que es tan prestigioso especialista, y me dice que el federalista Pi i Margall afirmaba algo parecido a lo que luego dijo Ortega. La segunda acepción de “Federación” en el RAE define la palabra como el “organismo, entidad o Estado resultante” de la “acción de federar”, es decir, de unir. Hablar de construir la unidad de un país y de un Estado como España que tiene una historia constitucional conjunta de dos siglos y una unión de reinos de cinco, resulta absurdo, tanto como sería hablar de una Francia federal, aunque algunos –poco dados a la historia comparada– afirmación tal les haga llevarse las manos a la cabeza. Para fabricar constitucionalmente una España federal habría que llegar previamente a una España desfederada, es decir, desunida.

Repitiendo algo que he escuchado muchas veces a profesores de Derecho Constitucional, entre ellos al exministro Francisco Caamaño, Rubalcaba dijo ayer que fuera de España nadie entiende el Estado autonómico de nuestra Constitución si no se utiliza la palabra “federal” para definirlo. Y es cierto: desde el punto de vista de la radicación normativa y ejercicio de las competencias, lo más parecido a la descentralización política y administrativa que hoy gozamos –utilizo intencionadamente la palabra frente al discurso antiautonómico preponderante en ciertos sectores de la derecha española y en algunos de la izquierda y de un indefinido centro progresista– en España es el sistema federal de países como Estados Unidos y Alemania, incluso con beneficio para nuestro país en el grado y profundidad de la descentralización. Todavía recuerdo la envidia con que un exgobernador de Puerto Rico comentaba en una tertulia académica en la Fundación José Ortega y Gasset el actual Estatuto catalán.

Hay que conocer y entender la historia de Estados Unidos y de Alemania para saber por qué son Estados federales. USA nace como una confederación durante una guerra de independencia en que varias colonias, hasta sumar trece, se van oponiendo a Inglaterra. Luego se fueron añadiendo nuevos Estados según se fueron conquistando territorio al Oeste y al Sur. La Federación fue ganando competencias progresivamente frente a los Estados federados en momentos cruciales de la historia americana, como la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. Nada que ver, por tanto, con países europeos como Francia y España.

El caso alemán es particularmente complejo porque asistimos a varias refundaciones desde la primera configuración unitaria federal del Imperio a finales del siglo XIX, que controla férreamente la Prusia de Bismarck. Luego vino la República de Weimar, tras la derrota de Alemania en la Gran Guerra, cuando el país apenas llevaba medio siglo de unión. Y después, la República Federal Alemana tras el fracaso del modelo federal de Weimar, el Tercer Reich y la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Alemania había sido hasta finales del siglo XIX un conglomerado de reinos, principados, ciudades libres, etc., unidos por un idioma común, aunque con numerosas diferencias dialectales, y una cultura que se “nacionalizó” progresivamente a partir del Romanticismo, alentando, entre otras cosas, el mito del viejo Imperio medieval. Esta historia y el intento de impedir una Alemania fuerte tras el nazismo llevaron a los aliados a defender tras la guerra un nuevo Estado federal, que permitiría mucho más fácilmente desestabilizar Alemania si fuera necesario, aunque en realidad lo que interesaba entonces era una Alemania fuerte que hiciese de telón de acero frente a la República Democrática Alemana y toda la órbita prosoviética.

No es, por tanto, tan difícil explicar fuera por qué España no es un Estado federal sino autonómico. Además, el modelo español se ha tomado muchas veces como ejemplo para la descentralización de países centralizados como Francia, Italia o varios hispanoamericanos. Las palabras, no obstante, son historia y van cambiando su significado. En las cátedras de Ciencia política es muy común referirse a los modelos federales sólo teniendo presente la distribución de competencias, sin entrar en cuestiones de soberanía ni etimológicas, como he hecho aquí.

Bastantes problemas tenemos como para andar jugando con las palabras, así que no habría ningún inconveniente en aceptar como posible salida de esta crisis política e institucional el camino de un modelo federal, pero es muy necesario que el PSOE, si va apostar claramente por esto, exprese qué quiere decir, porque da la impresión –leyendo a algunos dirigentes socialistas y a algunos intelectuales de izquierdas– de que las palabras “federación” y “federal” se han convertido en una especie de mantra salvífico sin ningún contenido, como esos viejos palacios que detrás de una bella fachada esconden nada.

Seguimos en los mismos términos que Azaña y Ortega planteaban la cuestión del nacionalismo catalán en las Cortes republicanas. El filósofo pensaba que era un problema, en el fondo, sentimental y que no cabía solución definitiva, así que sólo era posible conllevarlo. Azaña creía, por el contrario, que el Estado integral, autonómico, que diseñaba la Constitución republicana sería el marco jurídico adecuado para el acomodo de Cataluña en España, recordando la historia común. De momento, y muy a mi pesar, parece que Ortega sigue llevando razón, pero a lo mejor ha llegado el momento de volver adoptar la posición de Azaña y buscar una solución para un problema que ciertamente fatiga, por decirlo con la palabra que el presidente Mas utilizó el otro día mientras jugaba a ser un nuevo Macià o un Companys. La solución puede ser, en último término, llegar a la conclusión de que siglo y pico después de que naciesen el nacionalismo político catalán y el vasco el problema sigue siendo insoluble y que, por tanto, un referéndum en el que se plantee claramente la independencia de Cataluña y del País Vasco puede ser una vía de arreglo. ¡Y a ver qué sale! Si la apuesta es por la independencia, a mí, sinceramente, me parecería un fracaso histórico de esa entidad configurada durante siglos que llamamos España, pero las naciones y los estados no son esencias eternas. Esta posible y drástica solución hay que pensarla mucho y bien, a medio plazo, con grandeza de miras, en su contexto europeo teniendo presente la advertencia nítida que hizo la Unión Europea el día de la Diada, y con todos los elementos necesarios debatiéndose en la opinión pública para que los ciudadanos –no olvidemos que en último término es de nosotros, de los ciudadanos, de lo que estamos hablando– seamos capaces de llegar a nuestras propias conclusiones.