El asunto es de la máxima importancia, y por muchos motivos. El más aparente se refiere al control del déficit público y de la deuda. España necesita urgentemente poner coto al endeudamiento autonómico y poner orden en las cuentas sin control de las regiones. A corto y medio plazo lograríamos encauzar la crisis fiscal. Esto nos permitiría recobrar la confianza de los mercados y aminorar la dureza de las medidas que, de todos modos, intervenidos o no, habremos de adoptar.
A largo plazo, necesitamos que el despilfarro autonómico no se perpetúe. Supone una mala utilización de los recursos, echa a perder grandes oportunidades de crecimiento y en última instancia nos empobrece a todos. El Gobierno ha ya introducido un cambio fundamental con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Impone un déficit cero a las regiones y un nivel de deuda conjunto máximo del 60 por ciento. Y tiene carácter constitucional.
Además, necesitamos reformar el sistema de financiación por motivos políticos. Aunque desborden los temas propios de estas crónicas, son de la máxima importancia. En la actualidad, todas las regiones miran al Gobierno central exigiéndole crecientes cantidades de dinero. Esto fomenta las reivindicaciones particulares frente a las comunes, los discursos insolidarios, y alegar agravios reales o ficticios frente al resto de España. Fomenta, así mismo, el secesionismo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Gobierno tiene la intención de reformar el sistema de financiación. No ha adelantado nada sobre cuáles son las características que podría tener ese sistema. Desde aquí vamos a ofrecer un modelo más sencillo que el actual, que cabe dentro de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que resolvería algunos de los problemas que tiene el actual.
Consistiría en lo siguiente. El Estado cedería una parte de la recaudación por IVA. Aunque las cuentas no son fáciles de hacer, merecería la pena que al menos una parte del principal impuesto indirecto la cediese a las regiones. Sería un incentivo para que las comunidades adoptasen políticas que favoreciesen el crecimiento y, en consecuencia, el consumo. Pero hay más.
En un sistema ideal, el Estado adoptaría un tipo marginal único, según los principios de
Hall-Rabushka. Es un modelo con un mínimo exento, que gravaría la diferencia entre los ingresos y las inversiones. Sería el mismo para una familia o para una empresa. Es tan sencillo, que una multinacional podría cumplimentar sus impuestos en una sola hoja, al igual que un individuo o una familia. Ya no habría IRPF e Impuesto de Sociedades, porque ambos estarían fundidos en uno solo.
Luego, cada comunidad sobrepondría su tipo autonómico, del que derivaría sus ingresos. Las Comunidades Autónomas sólo ingresarían lo que pudiesen recaudar por sí mismas, con sus propios impuestos. Hemos estado avanzando en ese camino, en lo que se llama “corresponsabilidad fiscal”. La propuesta pasa por acabar con esa corresponsabilidad y quedarse con la responsabilidad fiscal.
¿Qué hay de la solidaridad entre regiones? Dado que el impuesto tiene un mínimo exento, el Estado, que cobra los primeros tramos, cobraría menos impuestos a las regiones más pobres y más a las regiones más ricas.
Al tener por ingresos lo que le dan sus propios ciudadanos, los gobiernos autonómicos no podrían decir a los votantes que los servicios son insuficientes o deficientes por la cicatería del Estado central. Los votantes verían en su liquidación de impuestos, en sus retenciones, el coste de la gestión autonómica. Sería más transparente. Y los responsables autonómicos tendrían que responder, ellos y sólo ellos, por la gestión. Ya no cabría ese discurso insolidario, porque ya no hay cuentas con el resto de España.
Y, por último aunque no por ello menos importante, fomentaría la competencia entre regiones tanto en impuestos como en gestión. La región que captase menos impuestos resultaría más atractiva para empresas y trabajadores. Para poder bajar los impuestos o evitar subirlos, pero no descuidar los servicios, los gobiernos regionales tendrían que esforzarse por mejorar la gestión. Y, por otro lado, les convendría que la regulación no fuera muy especiosa, limitante, complicada, onerosa. Porque en la medida en que limiten la actividad por medio de la regulación, perderían ingresos. En conjunto, ganarían los ciudadanos.