por la integración tecnológica
Miércoles 26 de septiembre de 2012
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expuesto la necesidad de integrar las nuevas tecnologías en el ámbito judicial, así como la obligación de poner a disposición de los jueces y magistrados los medios materiales adecuados para lograr un servicio ágil y eficaz. Tras inaugurar la Feria SIMO Network 2012, dedicada a la tecnología en el mundo judicial, Gallardón, ha recalcado que "la Administración de Justicia "ni quiere ni puede quedarse fuera del escenario digital", sino que debe dotarse de un modelo organizativo propio del siglo XXI y no anclado en el XIX.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGP), Gonzalo Moliner, han acompañado a Gallardón en la inauguración de la feria, así como en el posterior recorrido que han realizado por los diversos expositores dedicados a aplicaciones tecnológicas para la Justicia. El ministro ha recordado que la última conferencia sectorial de Justicia ya ha impulsado la puesta en marcha de una plataforma informática para garantizar la "interoperabilidad" de cualquier gestor procesal en España y acabar con la incompatibilidad que existe actualmente.
Uno de los objetivos es la intercomunicación de todos los sistemas que utilizan las administraciones públicas, los órganos judiciales, el instituto de medicina legal y las fuerzas de seguridad para que exista una "auténtica red de intercambio de información en el sector de Justicia", ha dicho Gallardón. Para el ministro la modernización tecnológica es "ineludible", más en un momento de crisis como el actual en el que la Justicia debe ser un elemento determinante de la competitividad del país, que ayude también a superar los problemas económicos.
Torres-Dulce, por su parte, ha apelado también a solucionar los problemas de interoperabilidad entre los distintos agentes judiciales, que han existido hasta ahora, y ha afirmado que "la diversidad" es un serio problema para lograr el objetivo de que se aplique la ley a todos los ciudadanos por igual. En este sentido, ha apostado por un Ministerio Fiscal "único" para todo el Estado, que debe "actuar como tal, sin ningún tipo de fragmentaciones" y ha lanzado cuatro recomendaciones a las administraciones públicas: que no exista "ningún proyecto aislado, ningún proyecto repetido, innecesario, abandonado o infrautilizado".
"La crítica situación económica no nos debe impedir actuar", ha dicho también el fiscal general, que ha lamentado que hasta ahora los "pactos de buena voluntad" entre las administraciones central, autonómicas, y los operadores jurídicos "no han dado el resultado esperado". Por último, el presidente del TS y del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha defendido igualmente las ventajas que las nuevas tecnologías pueden ofrecer al sistema judicial y a cada uno de los jueces, de tal forma que ello revierta en mejorar el servicio público al ciudadano.
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