José Enrique Rodríguez Ibáñez | Lunes 21 de abril de 2008
Hasta no hace demasiado tiempo, el conocido filósofo y sociólogo alemán, Jürgen Habermas, había venido sosteniendo una idea de demos o comunidad política ideal concebida como un ágora de interlocutores tolerantes y receptivos que crean y recrean el tejido de la convivencia en torno a un cuerpo compartido de valores y prácticas constitucionales. Se trata de un modelo de democracia deliberativa que concibe la integración social a partir del tronco del “patriotismo constitucional”, dejando para el ámbito privado otro tipo de creencias -muy fundamentalmente las religiosas-.
En el presente, sin embargo, este autor aboga por una sociedad “postsecular” en la que el manto de amparo de la cultura democrática no sea una alternativa a las viejas doctrinas eclesiásticas sino, más bien, un crisol en el que la creencia y el agnosticismo aporten por igual cimientos de moralidad pública. Según Habermas, la separación entre las razones cívicas de la convivencia y la base social de las creencias religiosas debería disolverse, para fundirse en un conocimiento mutuo. Creyentes y no creyentes deberían compartir la confianza en los cimientos de la comunidad de la que forman parte, siendo sabedores los primeros de las motivaciones del laicismo y, los segundos, de la carga de deberes cívicos que acarrea la fe religiosa y la pertenencia a una confesión eclesial.
El razonamiento, a primera vista, resulta impecable: las sociedades crecientemente plurales deben trasladar a todos sus integrantes la suma de voces cruzadas que explican y justifican la lealtad a un determinado modus vivendi. Parece aconsejable un conocimiento mutuo servido por un proceso pedagógico que incluya por supuesto al Estado pero también a las esferas del asociacionismo civil (entre ellas las confesiones religiosas). Y aquí es justamente donde el debate está servido.
Para no andarme por las ramas ni perderme en la miríada de situaciones problemáticas y hasta dramáticas que se pueden encontrar al respecto por el ancho mundo (así, el caso Van Gogh en Holanda, la “guerra del chador” en Francia y la polémica sobre el “diseño inteligente” en Estados Unidos), me voy a ceñir al caso español. Como es bien sabido, tenemos en nuestro país una cuestión políticamente irresuelta como es la enseñanza de la religión. La solución que dan (y dieron legislativamente) los conservadores es conocida: incluir el fenómeno religioso en el área de ciencias sociales en la educación secundaria, permitiendo que los centros confesionales puedan suplir el anterior mandato con la enseñanza de su credo particular. La solución de izquierda (plasmada en la legislación vigente) consiste en instituir una asignatura obligatoria de educación ciudadana laica, dejando la formación religiosa como zona opcional del currículum.
Ambas soluciones tienen pros y contras. La respuesta conservadora confluye con la intromisión religiosa en la pedagogía pública mientras que la de la izquierda es cuestionada por algunos como intromisión estatal en el ámbito de las creencias. A la hora de tomar partido no tengo empacho en admitir que me siento emocionalmente identificado con la tradición laica de la izquierda aunque tampoco tengo empacho en apuntarme a la postura “postsecular”, uno de cuyos postulados es el acuerdo duradero sobre los marcos educativos.
Me gustaría llevar los términos del dilema al espejo de otro tema vidrioso como es la cuestión lingüística. En España tenemos una lengua estatal y otras tres lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Desde la España monolingüe todo son recordatorios de lo demencial que sería bajar la guardia en lo relativo a la preservación y enseñanza de la lengua castellana en las comunidades bilingües, lo cual me parece más que sensato. Sin embargo casi nadie dice en voz alta desde esa España monolingüe que los programas obligatorios de lengua en todo el territorio del Reino deberían incluir al menos rudimentos fonéticos y gramaticales de las otras tres lenguas, con objeto de prevenir el desconocimiento y los recelos que se dan frecuentemente en este ámbito, lo cual me parece tan igualmente sensato que pienso que debería ocupar las prioridades del Ministerio de Educación de turno.
Volvamos, tras esta digresión, al meollo de lo que discutíamos, esto es, la imbricación entre creyentes y no creyentes en seno común de la ciudadanía democrática. Diré sólo una perogrullada para concluir: tras los tiempos ya vividos de guerra y apartheid entre ambos, se impone la convivencia o, al menos, la cohabitación. La meta está bastante clara. A los partidos políticos (en mi opinión, más a los de derecha que a los de izquierda) y a la Iglesia por supuesto les toca ponerse en movimiento. Si la cultura democrática es asumida por todos sinceramente (cosa que está por ver), pudiera vislumbrarse una solución. En última instancia -y nunca mejor dicho-, es cuestión de buena fe.
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