Domingo 30 de septiembre de 2012
La agenda política del fin de semana viene marcada por la resaca que ha dejado la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y de la auditoría sobre las necesidades del sistema financiero español. En ambos casos, una visión optimista sería aspirar a que Bruselas y los mercados viesen en ello que, por un lado, el Gobierno está haciendo los deberes y, por otro, que la banca española está mejor de lo que se suponía. Y es cierto, aunque con muchos matices.
En cuanto a los PGE, el Ejecutivo no disponía de mucho margen de maniobra. Con una deuda que en 2012 rebasará el 90 por ciento del PIB, se impone una contención del gasto draconiana, y sin las tibiezas con las que hasta ahora se ha conducido Mariano Rajoy (Montoro), sobre todo, en lo que hace a gastos estructurales burocráticos y de grandes dispendios de las administraciones autonómicas y locales. Por lo que respecta a la auditoría de Oliver Wyman, finalmente parece que bastará con 40.000 de los 100.000 millones que inicialmente se habían comprometido para el rescate bancario -pese a que en Moncloa no guste la palabra “rescate”-. La auditoría en cuestión ha sido exhaustiva: se han revisado 115.000 operaciones financieras, millón y medio de tasaciones inmobiliarias y más de 36 millones de créditos.
El resultado, aparte de se mejor de lo que muchos suponían, arroja a su vez transparencia sobre un sistema financiero, el español, que suscitaba no pocas dudas entre los inversores. Es posible que la fortaleza de su columna vertebral permita que haya algo más de confianza, y que eso se traduzca en que a España deje de costarle tanto encontrar financiación. Pero, en todo caso, queda aún mucho por hacer, tanto para depurar el sistema bancario como, un escalón más arriba, poner coto de una vez por todas a lo caro que le sale a los españoles el funcionamiento del estado.
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