Sobre la crisis: el momento más difícil

España está atravesando su momento más difícil desde la Transición de los años 70 del pasado siglo. Estamos en una situación de emergencia, y por eso, la colaboración se impone sobre la discrepancia.

Aunque sufrimos la misma incertidumbre que padecen los países de la Unión Europea con su actual desconcierto, España tiene que resolver tres problemas específicamente suyos. A saber: una severa recesión económica; los distintos desafíos lanzados contra nuestro ordenamiento constitucional; y por último, el descrédito de los partidos políticos y de los representantes públicos electos.

En síntesis: crisis económica y riesgo de que nuestras instituciones no den adecuada respuesta a esa situación crítica. Esos dos factores han llegado históricamente siempre juntos. Si los españoles ante ellos nos abatimos más que la mayoría de los europeos, o bien desesperados queremos empezar todo de nuevo, esas dos reacciones podrían deberse a nuestra corta experiencia de convivencia bajo un régimen liberal-democrático, en el que las crisis se resuelven buscando el acuerdo entre las partes afectadas, evitando que ninguna de ellas se crea vencedora o se sienta derrotada; desde otra perspectiva, buscando el acuerdo para reformar aquello que ya no sirve.

Nuestra experiencia es corta. Se remonta a cuando en 1977 tuvimos que hacer frente a otra crisis económica de parecida magnitud, y cuando al mismo tiempo fortalecíamos las instituciones para conseguir lo que queríamos. Entonces el objetivo fue lograr la democracia. Para ello nos dotamos de un método: los “Pactos de la Moncloa”. Con ellos se acuñó un término que tuvo éxito mundial: “el consenso”.

No deberíamos olvidar esa experiencia. El consenso no fue otra cosa que resolver los problemas mediante el acuerdo, como cualquier democracia sana. Con él abordamos lo que parecía imposible: culminar un proceso constituyente y simultáneamente hacer las reformas económicas con las que remontar aquella otra crisis, con la voluntad unánime de integrarnos completamente en la Europa democrática. El consenso es el fundamento que hace posible el disenso característico del debate democrático.

La autenticidad de aquel proceso constituyente se comprueba actualmente por la completa libertad con la que se propone, treinta y cinco años después, deshacer las bases de la Constitución de 1978. Por un lado, se anuncia la secesión de territorios que llevan integrados en el Estado desde que éste se organizó. Por otro, un amplio sector de los “indignados” con la presente situación, piden un nuevo proceso constituyente.

Con esta Constitución es lícito plantear medidas como ésas. Su superioridad moral procede de su capacidad para aceptar la libertad de quienes no la aceptan. Contra lo que se estila en estos tiempos, la política, el debate político, son más necesarios que nunca. Sería un fracaso de nuestra democracia que unas minorías, esas sí, politizadas, se impusiesen a la mayoría de los ciudadanos, pasivos, escépticos, desmoralizados, desconfiados con la política y alejados de las instituciones del Estado.

Se puede cambiar la Constitución, incluso derogarla del todo, pero respetando sus procedimientos. No es una medida propia de conservadores ventajistas, sino una clausula esencial de todo Estado de Derecho. Cualquier intento de modificación constitucional hecho sin respetar las normas legales, por muy cargado de buena voluntad que esté, llevará indefectiblemente a la violencia. Conviene que este hecho se tome en serio, ya que somos un país cuya sociedad apenas tiene experiencia de reformar sus constituciones, y alegremente podemos pensar que saltarnos las leyes, aunque sea sin violencia física, no produciría consecuencias graves para nuestra convivencia.

Ahora los dirigentes y los representantes políticos tienen enormes dificultades para llenar vacío ideológico de estos últimos años. Pero el vacío no existe en política. Esa es la causa por la que propuestas injustificables como la secesión de Cataluña, o la de iniciar un inverosímil proceso constituyente, encuentran débiles respuestas de nuestros dirigentes del Gobierno y de la oposición. Argumentar que “el debate de la independencia” es menos prioritario que saber “cómo crear empleo” es tan fútil como echarle la culpa al partido del Gobierno por haber provocado ese falso debate. Sinceramente, echamos en falta líderes con los que identificarnos la mayoría de los ciudadanos.

Creemos que es el momento de la “sociedad civil”: tiene que dejarse oír.