Pues sí nos representan, [i]malgré tout[/i]

La teoría sobre la clase política no ha sido nunca, desde su acuñación por los precursores intelectuales del fascismo, uno de los terrenos más sólidos de la sociología o la ciencia política. Su utilidad como instrumento para la descalificación de las viejas élites gobernantes y la suplantación de los mecanismos formales y reglados de la política por los espasmos de la acción directa de masas constituye un pecado original que debilita su capacidad explicativa. Por eso suele tener más aceptación como vituperio que como concepto analítico. La élite (élite sólo en sentido sociológico) política española se ha ganado a pulso un merecido descrédito y una animosidad o al menos desafección tan generalizada que quizá se tarde una generación en restañar. Admitiendo las muchas excepciones individuales que sin duda hay, en su conjunto no ha omitido esfuerzo para lograrlo, desde poner al frente de ministerios a bambarrias que pregonan su ineptitud cada vez que abren lo boca, e incluso sin necesidad de hacerlo, a confundir el regate corto del oportunismo con la visión de Estado. Por no hablar de la corrupción que no será general porque hasta en Sodoma quedó un justo, pero pocos lo creerán.

La tropa falcaria de la extrema izquierda que anda campando por sus respetos y ejerciendo a modo su cometido histórico de convertir lo malo en peor, ha encontrado uno de sus estribillos pueriles más celebrados en ese que proclama que “no nos representan”. Sería mucho esperar que se precisase quiénes y a quién, pero bastará sobreentender que “los políticos”, especialmente los parlamentarios, a la mayoría. Como suele pasar en los diagnósticos que alumbra esa visión del mundo, la cosa es falsa o solo verdad a medias. Porque sociodemográficamente la clase política parlamentaria representa bastante bien a la media de la población española. Es ligeramente más vieja que el promedio, tiene un nivel de estudios algo más alto y un nivel de renta no mucho más elevado que la mayoría, pero constituye una muestra fiel del conjunto. En sus hábitos y principios, esa mayoría que se rasga escandalizada las vestiduras viendo cómo actúan los políticos, es la misma que festeja el fraude al fisco, propio o de allegados, tiene a gala incumplir obligaciones laborales, no titubea en colarse en una cola, encuentra natural burlar procedimientos y requisitos recurriendo a recomendaciones y piensa que las normas obligan sólo a los demás y procede en consecuencia. Es decir, tiene una moral social laxa y si el abuso no cunde más es por falta de oportunidades, no por respeto a los principios. Y en cuanto a sus ideas sobre buena administración ya están demostrando los hechos que los particulares se han endeudado a su escala con la misma irresponsabilidad que los gestores públicos, a quienes, por cierto, los más reían la gracia cuando tiraban la casa (la de todos) por la ventana. De manera que igual tenemos la clase política que nos merecemos, porque sí nos representa: es una muestra razonablemente fiel del promedio de la sociedad.

Y además conviene que nos represente políticamente porque la alternativa es peor. El discurso sobre la clase política es una simplificación maniquea sobre dos estereotipos: los políticos desaprensivos e inmorales y la entidad llamada “pueblo”, altruista, virtuoso y perspicaz. En los orígenes continentales de la moderna política parlamentaria, durante la Revolución francesa, estuvo a la orden del día determinando muchas de sus desgracias la contraposición de ambos. Cuando la Asamblea legislaba de forma que contrariaba a los clubs radicales, éstos movilizaban al “pueblo”, es decir a sus seguidores, para que multitudinariamente asaltaran la cámara y aterrorizaran a los parlamentarios, depositarios de la soberanía nacional. Una soberanía cuya manifestación y ejercicio se regulaba con normas y garantías frente a una soberanía popular inordinada, sin límites y encarnada por minorías organizadas que se arrogaban esa condición por sí y ante sí. Por eso el asentamiento de la democracia representativa exigió en todos los ordenamientos normas severas para poner a las cámaras al abrigo de presiones tumultuarias, protegiendo la soberanía nacional expresada por los votantes de la autoproclamada popular encarnada por los activistas. El control y la sanción de la clase política incompetente y perdularia se ejercen en las democracias sanas por medio de la opinión y el voto con garantías de libertad y equidad. La exhibición intimidatoria de la desafección popular, por una fracción de la totalidad ciudadana, vale para el desahogo individual y la promoción de una clase política alternativa que no quiere o no puede encumbrarse por los procedimientos reglados. Por eso, entre otras cosas, el sans-culottismo que con éste o aquél trampantojo léxico incita a “ocupar el Congreso” debiera suscitar mayor rechazo que el que parece haber tenido; al menos tanto como la denostada clase política.