La actual “referéndum manía”

Se está hablando en España muy a la ligera sobre la celebración de referéndum para las cuestiones más dispares. Está referéndum manía procede de los más diversos frentes: centrales sindicales, partidos de izquierda, grupos antisistema o nacionalistas que propugnan la secesión de una parte del territorio español. En el caso del secesionismo impulsado calculadamente por ciertos partidos políticos afincados en Cataluña, la convocatoria de un referéndum se ha tratado de revestir con argumentaciones de apariencia académica que le otorguen una máscara de legitimidad donde sólo hay una tentativa ilegal. Estudios de esta índole que proliferan, por cierto, en publicaciones sufragadas por el nacionalismo para el consumo interno del propio nacionalismo, han llegado a recabar con su profusión e insistencia seguidores en la prensa de Madrid, como puede comprobarse en el reciente artículo “Un referéndum para Cataluña” publicado en un diario madrileño de gran tirada nacional, último eco de esa reiterada cadena de pronunciamientos.

La premisa machaconamente repetida en todos los casos no es otra que defender que es legítimo convocar un referéndum sólo en el ámbito catalán y que de ganarse, sería legal y obligaría a una ineludible aceptación de la secesión de Cataluña. Muy a la ligera se sostiene que el artículo 155 de nuestra Constitución no posee ningún valor ante ese hipotético referéndum. También muy a la ligera se argumenta que existe una legislación internacional superior a la Carta Magna española. Y muy a la ligera se apoyan estas aseveraciones en una mención- incompleta y sesgada- sobre el dictamen de la Corte Suprema de Canadá en torno al aparente derecho a la secesión de Québec.

Tan a la ligera que hasta el artículo “Un referéndum para Cataluña” data la resolución de la Corte Suprema canadiense en 1999, cuando es sobradamente conocido que el dictamen se emitió el 20 de agosto de 1998: en cuestiones tan serias, es exigible un mayor grado de rigor. Guiándose por esa fecha cualquier lector podrá consultar el dictamen canadiense y constatar cómo la Corte Suprema de Canadá expuso de forma explícita que el derecho internacional no ampara ninguna secesión de parte alguna de un Estado nacional y que el derecho de autodeterminación sólo es aplicable a territorios invadidos o colonias sometidas por una metrópoli imperialista: únicamente un victimismo delirante podría atribuir ese condición a Québec. Por no hablar de Cataluña: malamente puede ser una colonia una región que durante siglo y medio ha sometido a impuestos arancelarios al resto del país. La Corte Suprema de Canadá señalaba, así, que no había ninguna legislación internacional superior a la propia Constitución canadiense. En el caso español, pues, tampoco ninguna ley internacional estaría por encima ni anularía nuestra Carta Magna, ni su artículo 155.

Otra gran falacia que se escuda en la resolución canadiense consiste en afirmar que un referéndum de secesión es legal aunque vulnere la normativa constitucional, siempre que siga un proceso democrático sin recurrir a la violencia. De nuevo se juega aquí a retorcer fraudulentamente el dictamen canadiense. Lo cierto es que la Corte Suprema de Canadá, mediante una sólida argumentación, expuso que Québec no tenía derecho en ningún caso a declarar unilateralmente su secesión de Canadá. Y esto era así incluso en el caso de ganar democrática y mayoritariamente un referéndum, ya que éste carecía de cualquier efecto legal. La secesión tendría que negociarse dentro del marco jurídico de la Constitución de Canadá –algo que cae, por cierto, por su propio peso. Todas las recientes manipulaciones y citas sesgadas de esta histórica resolución están incurriendo, cuando menos, en una ligereza argumentativa, cuando no en la manipulación interesada que sólo generará frustrantes expectativas en la población que crea ingenuamente en ellas.

Existen otros muchos detalles de aquella modélica sentencia, pero todos ellos conducen a señalar que la ruptura de los acuerdos constitucionales cae en el ámbito del simple delito. En el caso español, la votación inmensamente mayoritaria de los ciudadanos españoles de Cataluña a favor de la actual Constitución, instaurada mediante un procedimiento nítidamente democrático, obliga a instituciones y partidos, llámense Generalitat o CiU, a respetar las normas que se comprometieron a defender. Tirar por la calle del medio y romper la baraja es ponerse fuera de la ley sin paliativos, con todas las consecuencias que ello trae consigo. Existe un mecanismo previsto para la secesión dentro de nuestro marco jurídico y pasa por la consulta al conjunto de la nación española: todas las viciadas estrategias argumentativas que quieran evitar este hecho rompen con los más elementales principios democráticos que nos hemos dado.

Las otras manifestaciones de la actual “referéndum manía” son aún mucho más pintorescas y ni siquiera intentan revestirse de una endeble apariencia académica. Sin ir muy lejos, el sindicalismo reclama en sus concentraciones públicas que las decisiones del actual Gobierno se sometan a constantes referendos. Una reivindicación que se sitúa más cerca de los sindicatos de la época fascista que de los principios democráticos. Estamos en una democracia representativa donde el Parlamento dirime la soberanía española y los mandatos de los Ejecutivos son más legítimos con el respaldo parlamentario que, obviamente, con las consignas y pancartas de las manifestaciones callejeras. Ante la proliferación de éstas, el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, no debería reiterar la idea de que el actual Gobierno ha perdido la “mayoría social”. No hay otra mayoría social que la de las urnas, en los plazos acordados y establecidos, y esa mayoría de las urnas en ningún caso puede ser cuestionada por sondeos de opinión o concentraciones en la vía pública -por muy legítimas que sean-, porque eso nos pondría en un camino de retorno a principios totalitarios de infausta memoria. Otro tanto puede decirse de los aún más pintorescos movimientos asamblearios que abundan hoy en nuestras plazas públicas, cuya diana favorita es el Parlamento.

Ocupar el Congreso, negar la legitimidad de decisiones de un Ejecutivo salido de unas elecciones libres, declarar muertos artículos clave de la Constitución, utilizando a la ligera la coartada de los referendos, son síntomas de propósitos de desestabilización del espíritu democrático que la Historia demuestra que florecen en las grandes crisis y que la propia Historia nos enseña que hay que combatir con armas democráticas de forma enérgica.