Sí es nuestra deuda y sí la pagaremos

Varias personas, arremolinados en grupos menos heterogéneos que lo que pretenden, han pateado las calles de varias ciudades españolas con el mensaje “no debemos, no pagamos” o “no es nuestra deuda, no es nuestro rescate”. Rayas en el agua.

Han lanzado más mensajes. “Contra los recortes; su deuda no la pagamos”, “Banca Pública”, “Privatizan para robar más”. Es cierto que la profundidad de los mensajes está a la altura de la cacerolada con que los acompañaban. Pero no podemos dejar de prestarles atención. En primer lugar, porque son la expresión de una indignación genuina. En segundo lugar, porque son la expresión de una confusión genuina. Fruto de un engaño del que todavía tanto los que golpean cacerolas en la calle como muchos de los que les ven en televisión todavía no han salido.

La premisa mayor es que “no debemos” o “esta no es nuestra deuda”. ¿Qué deuda es esa? La del Estado. ¿Es nuestra deuda? La respuesta no es tan fácil como pudiera parecer. Es la deuda del Estado. Si es la deuda de la sociedad española o no, depende de la idea que tenga cada uno de la legitimidad del Estado. Hay un Estado, que en España se ha sometido a un control, o a un manejo, democrático. La política es el juego de extraer, por medio del Estado, renta y riqueza de una parte de la sociedad a otra parte de la sociedad y al propio Estado. Las transferencias suelen ser a sectores que apoyan al poder. Bien porque cuentan con voto suficiente, bien porque son intereses que pueden ganar tanto con cualquier decisión del Estado, que ponen los medios necesarios al servicio de que los políticos tomen las medidas adecuadas.

Es cierto que esto puede parecer que tiene una lógica que no es exactamente la de la sociedad. Pero es que la sociedad tiene su propia lógica, que es el mercado, y para mejorar esa lógica se justifica la existencia del Estado y su funcionamiento. Pero bajemos un poco más a nuestro Estado y a nuestra reciente historia. El Estado, para justificarse, o en su justificación, provee de un conjunto de servicios, lo que hará (en principio) mejor que la sociedad. Pensiones. Educación. Sanidad. Seguros de desempleo. Y así hasta los últimos euros de los presupuestos de las administraciones. Es cierto que el sistema político, aunque sea democrático, permite muy escaso margen para controlar tanto la estructura del Estado como el destino del gasto público. En este sentido, la deuda del Estado “no es nuestra deuda”.

En otro sentido tampoco lo es. Por un motivo muy claro: El Estado no paga con su propio dinero, sino que paga con el dinero de la sociedad. Y el dinero que extrae de la sociedad no lo gana vendiendo sus servicios, sino por medio de los impuestos. Es nuestro dinero, pero son gastos que sólo de un modo indirecto se han realizado con nuestro consentimiento. Es como si un vecino nos compra un Mercedes-Benz de segunda mano y lo paga con nuestro propio dinero. ¿Necesitábamos un coche? ¿Tenía que ser de esa marca? ¿De segunda mano? ¿Ese modelo? ¿A ese precio? Podemos elegir otro vecino para que compre por nosotros. Pero el nivel de control ciudadano sobre el gasto es muy indirecto.

Aún así, hay cierto consenso en las grandes áreas a las que debe destinarse el gasto público. Y aunque haya esa relación indirecta con las preferencias sociales, y aunque paguemos impuestos de forma coactiva, seguimos pagando los impuestos. Y seguimos participando en el proceso político. Luego alguna responsabilidad sí tenemos en ese endeudamiento.

La premisa menor: “no pagamos”. Lo que quieren los manifestantes es precisamente más gasto público. Y, o sale de nuestros impuestos, o sale del ahorro, interior o exterior. Nosotros lo hemos cogido del ahorro, fundamentalmente exterior. Si no pagamos esa deuda, ocurrirán varias cosas que los manifestantes no desean.

En primer lugar, dejarán de prestarnos. En segundo lugar, tendremos que pagar los servicios sólo con la corriente actual de ingresos del Estado, por lo que habrá que recortar los servicios de inmediato y a unos niveles que no podemos ni concebir. Además, el capital dejará de fluir hacia España. Seremos aún más pobres, por lo que en una segunda ronda tendremos que volver a recortar los servicios. Y, por último, saldrán los mismos a la calle, cacerola en mano.