Otra provocación a las puertas del Congreso

La concentración que tuvo lugar ayer a las puertas del Congreso de los Diputados era ilegal, por más que no produjese incidentes reseñables. A partir de aquí podrán hacerse las consideraciones que cada cual considere oportuno, pero en un estado de derecho, las leyes están para cumplirlas y quien no lo haga debe afrontar las consecuencias. Destrozos, lucro cesante de los negocios de la zona, molestias más que considerables para los transeúntes de la zona Centro, coste económico en despliegue de seguridad -más de 1.500 policías movilizados para la ocasión- son una parte de los “logros” obtenidos por los manifestantes de ayer.

La otra parte se valorará en el resto del mundo, y no precisamente de forma positiva. Y es que todo este tipo de actos ofrecen una estampa de país poco fiable, disparando en la línea de flotación a eso que algunos vienen a llamar “marca España”. Expresión y reunión son derechos regulados en la legislación española. “Regulados” quiere decir que su uso y disfrute comporta una serie de deberes, cuales son los de ejercerse de modo responsable y sin menoscabar otros derechos ni preceptos. La manifestación de ayer no fue comunicada a la Delegación de Gobierno, como es preceptivo, y además se llevó a cabo a las puertas del Hemiciclo, algo que bordea -cuando no sobrepasa- comportamientos delictivos. Puede reclamarse otras formas de organizar la convivencia democrática, pero es intolerable el impedir, dificultar o coaccionar el concierto de los representantes libremente elegidos. Hay quien tiene motivos para mostrar públicamente su descontento, pero eso no es óbice para vulnerar la ley.