Economía

Desahucios, qué se puede hacer y qué no

Crónica económica

Lunes 12 de noviembre de 2012
Los desahucios no son un asunto nuevo. La plataforma Stop Desahucios lo había convertido en un circo ambulante, en un instrumento propagandístico para la amalgama antisistema en torno al 15M. Pero son un drama real, que alcanza a un número muy alto de españoles, que crece cada día.

Desde el año 2007 y hasta junio de este año, los juzgados han tramitado 396.651 ejecuciones hipotecarias. En el segundo trimestre de 2012 se han ejecutado 23.421 hipotecas, un 14 por ciento más ejecuciones que en el mismo período de un año antes, y 257 diarias. Las ejecuciones son procedimientos judiciales que dan pie al embargo de una vivienda, fuerzan el pago de la deuda hipotecaria y, llegado el caso, concluyen con el desahucio de la vivienda. El número de desahucios en el mismo período fue de 29.275 casos. Según la Asociación Hipotecaria Española, el 6,63 por ciento de los parados ha sido afectado por una ejecución presupuestaria.

Lo primero que hay que plantearse es ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? No vamos a contar todas las circunstancias, que son de todos conocidas, con tipos de interés muy bajos, a veces por el 100 por cien del valor de tasación, en un plazo de 20 años (lo que es razonable) o de 30, 35, 40 años, lo que ya se escapa a la comprensión humana. Y a sectores de la población con ingresos suficientes en el presente, pero sin una proyección profesional a largo plazo o un patrimonio con los cuales poder hacer frente a la deuda hipotecaria ante cualquier eventualidad. Incluyendo, claro está, la eventualidad de una crisis económica.

Sentados en una mesa, a un lado y otro, hay dos partes. El banco, que ve negocio en cada papel que firma, y el que adquiere una casa con los préstamos del banco, que confía en que los ingresos altos que percibe se mantendrán en el futuro. El banco se juega su dinero, pues si presta a una familia que no puede hacer frente a la deuda, tendrá que asumir las pérdidas. Ocurre lo mismo cuando financia operaciones ruinosas. Por el momento dejémoslo ahí. La persona o la familia que firma una hipoteca también se juega su patrimonio, pues podría no poder hacer frente a la deuda, y puede que el valor de la casa no sea suficiente para saldar la deuda pendiente. Y como la responsabilidad es individual, esa persona o familia tendrá que hacer frente con el resto de su patrimonio y con los ingresos futuros. Y por el momento también lo dejaremos ahí.

Así las cosas, y ante la acumulación de desahucios, los ciudadanos se plantean qué pueden hacer, los bancos también se plantean qué pueden hacer, y los políticos se planean cómo ganar más votos o no perder influencia sin adoptar medidas que sean excesivamente irresponsables. ¿Qué opciones tenemos y cuáles no?

No es una opción paralizar las ejecuciones sin más, y permitir que quienes asumieron el compromiso de pagar una hipoteca sencillamente no lo hagan y se queden además con la casa. Sería injusto. La justicia, como decía Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo es lo que ha pactado cada parte que entregará a la otra. El hipotecado ha pactado pagar la deuda y lo justo es que lo satisfaga. Además, esa política, por llamarlo de algún modo, acrecentaría las pérdidas de la banca. En una economía de mercado, esas pérdidas las asumirían los accionistas. Llegado el caso, los bancos podrían llegar a la quiebra y los activos del mismo se venderían al mejor postor. En España no es así. El Gobierno ha asumido que los bancos no quebrarán, y que el Estado asumirá la ayuda de esas entidades y, llegado el caso, de las pérdidas de las entidades. De modo que cualquier intento por llevar trasladar las pérdidas enteramente a los bancos supondrá: trasladar coactiva y arbitrariamente todas las pérdidas de quienes responsablemente asumieron el compromiso de pagar la hipoteca a 1) los accionistas de los bancos, 2) al ciudadano que paga impuestos.

Es aún más injusto si tenemos en cuenta más cosas. Primera: hay ciudadanos que se enfrentaron a la opción de asumir esa deuda y no lo hicieron porque prefirieron no asumir ese riesgo. ¿Qué compensación les daremos a ellos frente a quienes sí lo asumieron? Segundo: si uno quiere comprar una casa pero no quiere correr riesgos, puede hacerlo ahorrando. Y dará el paso cuando el capital que haya acumulado sea suficiente para comprar la vivienda o para pagar, al menos, una parte sustancial de la misma, para que el riesgo asociado a la hipoteca y la variación del precio de la vivienda sea menor. Claro, es un comportamiento más exigente. Pero, si se les ayuda, además de crear agravios comparativos, favorecerá los comportamientos más arriesgados frente a los más conservadores y seguros. ¿Para qué ahorrar, si luego fallo y me rescata el Estado? ¿Para qué evitar el riesgo, si luego lo van a pagar otros?

Lo que sí cabe hacer es lo siguiente: Que bancos y cajas se esfuercen por definir aquéllas situaciones en las que sea más claro que los hipotecados han hecho todos los esfuerzos posibles para hacer frente a sus hipotecas y, sencillamente, no pueden.

En ese caso, que se les conceda un período de carencia en el que hagan frente a los intereses no satisfechos, y a los que devenguen cada mes. La solución que considera el Gobierno va por ahí.

Una restructuración de la deuda, con una ampliación del período que queda para pagarla.

La participación de los hipotecados en el proceso de venta de su casa, para lograr que el precio que se obtenga por ella en la venta sea efectivamente el más alto, dentro de las circunstancias del mercado.

La contratación, por parte de la CECA y la AHE de una o varias empresas de empleo temporal que faciliten la reinserción en el mercado de las personas que se vean en una situación apurada.

La obtención, por parte del Gobierno, de un permiso a las personas que se vean en una situación extrema para saltarse las restricciones del mercado de trabajo, para poder trabajar en varios empleos con salarios mínimos, o sin cotizar a la Seguridad Social, hasta que la situación se normalice.

Ninguna solución acabaría con los desahucios, pero contribuirían a aminorar el problema sin caer en medidas populistas e injustas.

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