Guerras lingüísticas

Un grupo de asociaciones de padres de diferentes comunidades autónomas está trabajando en un manifiesto que tiene previsto elevar al Ministerio de Educación con un objetivo muy sencillo: reclamar su derecho constitucional a educar a sus hijos en castellano. Portavoces de estas asociaciones han anunciando que si el Gobierno desoye sus reivindicaciones, denunciarán la situación en la Unión Europea. Parece una obviedad reclamar la posibilidad de la escolarización en castellano, siendo lengua oficial. Lamentablemente, no lo es. Hoy por hoy, resulta más fácil para un niño estudiar en castellano en Londres que hacerlo en Barcelona.

Por supuesto que la existencia del castellano no está amenazada por las políticas de los Gobiernos autonómicos de Cataluña o el País Vasco. La segunda lengua más hablada del mundo no va a desaparecer porque se deje de enseñar en las escuelas de dos pequeñas regiones. Nadie puede negar, por otra parte, que lenguas como el gallego, el catalán o el euskera son minoritarias, por lo que es necesario y saludable que se lleven a cabo políticas lingüísticas para fomentar su uso y no se pierda parte de la riqueza cultural española. En este sentido, iniciativas como la de Esperanza Aguirre en Madrid, inaugurando un instituto de educación secundaria en el que se imparte el catalán como asignatura optativa, merecen todo nuestro aplauso. El problema viene cuando la discusión se tiñe de política y se entabla una absurda guerra idiomática, con afanes excluyentes, como pasa en Cataluña o se pretende en el País Vasco.

Lo que está en juego en estas comunidades son los derechos constitucionales de ciudadanos que se ven inmersos en una guerra lingüística empobrecedora y sinsentido. Al contrario de lo que señalan sus detractores, estas asociaciones de padres no tratan de imponer monolingüismos, sólo reclaman un derecho fundamental ante la indiferencia, cuando no el desprecio, de algunas administraciones autonómicas que coartan la libertad de los ciudadanos cuando deberían velar por la aplicación de las leyes.

Gestos como el de la Generalitat de Cataluña en el Día de la Mujer Trabajadora al publicar un cartel en 25 idiomas entre los que no se hallaba el castellano, no responden a sentimientos de identidad sino que son un continuo desafío al sentido común, a la desigualdad y al orden constitucional. Las lenguas deberían utilizarse instrumentos de comunicación y no como armas arrojadizas. Tan absurdo -e igual de autoritario- resultaba el afán franquista de acabar con tesoros culturales como el euskera o el catalán, como lo es la enconada insistencia de los nacionalismos en borrar cualquier indicio del castellano en sus regiones. En ambas actitudes subyace un preocupante afán destructor de la propia historia de cada comunidad y de su riqueza cultural. Tiempos oscuros son éstos en que hay que defender lo obvio.