Dudas sobre las cuentas catalanas
Miércoles 21 de noviembre de 2012
Las históricas elecciones catalanas de este 25 de noviembre, en las que el principal candidato ha planteado abiertamente el desafío nacionalista, se encuadran en una situación económica de emergencia. Cataluña es una comunidad autónoma en quiebra. Este mismo lunes, la Administración central ha desembolsado 2.847 millones de euros para que la Generalidad pueda hacer frente a los vencimientos de su deuda. En una situación tan agraviosa para el seny catalán, la consigna “Espanya ens roba”, con la que el nacionalismo catalán ha azuzado históricamente sus ansias secesionistas, ha servido para tapar el fracaso económico de la administración catalana.
El relato nacionalista es como sigue: la economía catalana está asfixiada por el dinero de los impuestos de los catalanes que va a Madrid y que nunca regresa a Cataluña. Según las cuentas aprobadas este verano por el propio Parlamento catalán, un total de 16.400 millones de euros en 2009.
Esta cantidad no convence a algunos economistas, que argumentan que la metodología para llegar a esa cifra no es la correcta, y que incluso se falsean los datos, a la vez que se aíslan y se sacan de contexto.
Según cómo se realicen los cálculos, Cataluña puede tener déficit o incluso superávit fiscal. Depende de si se establece el flujo monetario o flujo beneficiario y de si se neutraliza el ciclo económico o no. La cifra de 16.400 millones de euros, en la que los políticos catalanes han incluido incluso los costes de los intereses futuros de la deuda emitida por el Gobierno central es, en realidad de 791 millones de euros si tan sólo se restan los ingresos y gastos de ese año.
En caso de que se tenga en cuenta el ciclo económico, y de que se tome la metodología del flujo beneficiario, Cataluña no sólo no pagó 16.410 millones de euros, sino que recibió del Estado 4.015 millones.
“Para que la balanza fiscal sea favorable a Cataluña se inflan los gastos y se minimizan las aportaciones del Estado”, afirma a El Imparcial el secretario de Convivencia Cívica Catalana, José Antonio Martínez Tortosa. Esta asociación ha realizado un informe, ‘Las cuentas claras de Cataluña’, donde se pone de relieve la importancia de la balanza comercial por encima de la balanza fiscal. El superávit comercial catalán con el resto de España es de unos 22.000 millones de euros anuales según esta asociación, ya que el principal mercado donde las empresas catalanas venden sus productos está en suelo español.
En total, las empresas catalanas venden 66.304 millones de euros al resto de España, frente a las ventas de 64.325 millones de euros al resto del mundo.
Otro de los recientes informes críticos con los cálculos de la Generalidad de Cataluña corre a cargo de FAES. En este documento, el director del Centro de Estudios de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Pascual Fernández, analiza este punto. Asegura que el cálculo que realiza la Generalidad, basado en el criterio del flujo monetario, primero tiene inconsistencias técnicas que producen sesgos en el cálculo”.
“La metodología utilizada por la Generalitat es, en parte, muy discutible y, desde el punto de vista técnico, difícil de aceptar, porque lleva a conclusiones claramente irreales y erróneas”, concluye Fernández.
Flujo monetario y flujo beneficiario
Las cifras económicas tienen el prestigio de la exactitud de los números. Sin embargo, esos números, que tantas veces se presentan como inamovibles, dependen de la metodología que se aplique, y ahí es donde entra el factor político.
La Generalidad utiliza el método del flujo monetario para calcular la balanza fiscal entre Cataluña y el resto de España. Este sistema sólo cuenta el flujo de capital que desembolsan los ciudadanos en territorio catalán y el capital que ingresa el Gobierno autonómico procedente de la Hacienda del Estado central.
El método del flujo beneficio, por el contrario, compara los impuestos que pagan los ciudadanos catalanes frente a los servicios que disfrutan. Esta opción tiene en cuenta, por tanto, servicios que da el Estado español a los catalanes, como los de defensa o las prestaciones por desempleo, cuya incidencia es especialmente significativa en una crisis como la actual.
Es este segundo cálculo el que arroja el saldo positivo, ya que el Estado español gastó más dinero en Cataluña del que ingresó, en un momento en que 840.000 ciudadanos catalanes se encuentran en paro y, por tanto, hacen bajar la recaudación de la Hacienda vía impuestos, mientras que el gasto sube vía prestaciones por desempleo. Un problema que, lejos de ser catalán, es un problema en toda España.
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