Mas ha hecho un gran favor a España

Artur Mas ha conseguido en dos meses lo que la democracia no ha podido en treinta y cinco años: acabar con la obligatoriedad de los privilegios para la casta gobernante de Cataluña. A partir de esta campaña electoral de efervescencia independentista, forzada anticipadamente por el presidente de la Generalidad, ninguna consideración especial exige la dirigencia nacionalista de esa Comunidad Autónoma. Todo lo contrario. Todos los ojos se han puesto sobre ella, y lo que han visto ha estremecido. Y no es que no se supiera, porque se sabía: es que ahora ha quedado expuesto en el escaparate.
Antes de tirarse al monte, o a lanzarse a la Tierra Prometida, Mas debiera haberse preguntado por qué el nacionalista Pujol nunca quiso romper la baraja. Porque Pujol había conseguido un equilibrio perfecto para sus intereses. Impunidad para él y para los suyos, un régimen catalán perfectamente controlado en su interior, y un respeto reverencial en España basado en el chantaje calculado sobre la hipótesis de una ruptura. Que, por supuesto, nunca iba a consumarse.
Desde el caso de Banca Catalana, donde Pujol y sus agentes las pasaron canutas hasta que lograron librarse por los pelos, el sucesor de Tarradellas entendió perfectamente las reglas del juego. El Estado se tragaba las peculiaridades nacionalistas (incluida su pasión por rellenar la propia cuenta bancaria) a cambio de la paz, y él se dedicaba a su cocina sin romper los platos de los demás. Ya saben: “Tranquil, Jordi, tranquil”.
El Estado miraba hacia otro lado, y la poderosa formación nacionalista podía construirse un completo chiringuito de poder total (más bien totalitario) sobre las instituciones políticas, económicas, culturales y sociales de Cataluña que no sólo le reportaría supervivencia económica sino excedentes con los que poder manejar una reserva estratégica en paraísos fiscales. Éste era el statu quo. Hasta que llegó Mas.
Es una incógnita todavía saber si Mas dio el paso al frente por un error de cálculo sobre sus reales posibilidades de victoria secesionista, o porque se dio cuenta de que el cerco sobre su partido se estaba estrechando judicialmente, y era mejor la huida hacia adelante que esperar la citación del juez. Pues, en efecto, ya el escándalo del Palau había demostrado que el problema de CiU era el “tres por ciento”, que dijo Maragall, o incluso el cuatro por ciento en las comisiones por las obras adjudicadas por el Gobierno catalán que no sólo alimentaron el proyecto nacionalista, sino sustancialmente a sus gestores.
Mas no podía ignorarlo, porque, entre otras cosas, había visto pasar por la cárcel a los comisionistas de su partido, e incluso embargada judicialmente la sede del mismo. Incluso, si se hubiera fijado, también habría descubierto que la cuenta en Suiza de su padre, de cuyos más de dos millones de euros ha sido beneficiado, podrían levantar sospechas, especialmente si él mismo no aclaraba el origen de los fondos, lo que no ha hecho todavía.
¿Actuó Mas, con su pinta de abogado de clase media, como Moisés porque el mundo se le iba a caer encima, o lo hizo porque creyó que después de marear la perdiz al estilo pujolista era el momento de aprovechar la debilidad de España por la crisis? ¿Lo hizo por ambas cosas? Sea cual sea la respuesta, la situación ahora, independientemente del resultado electoral, es la siguiente:

1) El Estado se ha dado cuenta de que se enfrenta a una amenaza de la que debe defenderse.

2) La impunidad para los dirigentes pasados y presentes de Convergencia no es la solución.

3) En un régimen totalizador, como el construido por CiU, ninguna institución es fiable, pues toda está presuntamente contaminada por corrupción. Justicia, Medios de Comunicación, Organizaciones sociales, Institutos culturales, ONGs y cualquiera otra han transitado de la subvención a la adhesión, y su vocación autodeterminista ha estado engrasada en sus emociones por sus intereses.

4) Si ninguna institución interna de Cataluña es fiable, es necesaria la auditoría externa, sea ésta económica o judicial o ambas.

5) Los fueros otorgados tácitamente a los dirigentes nacionalistas no han impedido la deslealtad.

6) Si el representante del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalidad, quiere destruir España, es un acto de traición.

7) Como Cataluña es España, ningún agravio se merece. Pero el partido traidor y sus gobernantes traidores sí merecen la respuesta adecuada.

8) Si Mas, Pujol (padre y familia), esperan el martirologio, van apañados. Que no aguarden tanques ni aviones, sino un cartero que les lleve una citación judicial. Y que no esperen represión política. Sólo investigación sobre sus cuentas y las de su partido.

9) El Gobierno de la Nación no tiene excusa. No se puede perseguir al yerno del Rey por ocho millones de euros y dejar en la calle a políticos por cientos o miles de millones de euros.

10) España tiene la obligación de defender a todas sus partes, incluida Cataluña, de cualquier intento de apropiación mafiosa. Si no lo hace, no tiene derecho a considerarse Nación.

Todas estas consideraciones estaban confusas hasta que Mas ha tenido a bien aclararlas. Ha hecho un gran favor a España, cuyos gobernantes siempre han estado muy timoratos. Ahora ya no pueden mirar para otro lado. Aunque me da la impresión de que alguno aún le quiere dar una última oportunidad a Mas. No parece que se la merezca. Y aunque políticamente pueda negociar, la Justicia tiene un qué se yo de imprevisible que a estas alturas podría ser imparable. O no.