Turbulenta transición política en Egipto

El presidente egipcio Mohamed Mursi se reúne este lunes con miembros del Consejo Superior de la Magistratura para intentar dar salida a la polémica creada por el controvertido decreto en el que el presidente amplía sus prerrogativas frente a los otros poderes del Estado.

El decreto firmado por el Presidente egipcio Mohamed Mursi por el que amplía sus prerrogativas frente a los otros poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, ha desatado una tempestad en Egipto. Mursi lo justifica como medio de acosar a los partidarios del antiguo régimen; su partido, los Hermanos Musulmanes, le apoya; la oposición liberal-democrática le tacha de “dictador potencial”. En el fondo se plantea una cuestión crucial: ¿cómo llevar a cabo la transición democrática en un país que nunca disfrutó de libertades?

Mohamed Mursi se reunirá hoy lunes con un grupo de miembros del Consejo Superior de la Magistratura para intentar desactivar la bomba de relojería encendida tras su controvertido Decreto. Una parte de la Magistratura le apoya o al menos acepta la legalidad del úkase presidencial; otra parte pide su abolición considerando que “amenaza la democracia y las libertades”.

El presidente Mursi ha hecho un gesto apaciguador y se muestra dispuesto a dialogar “con todas las fuerzas políticas”, afirmando que el Decreto es “necesario pero provisional”, justo el tiempo de “limpiar el aparato del Estado de los antiguos fieles al régimen de Hosni Mubarak”. La Magistratura es considerada como uno de sus refugios privilegiados. De hecho, en el entorno presidencial se temía que desde el Poder Judicial se intentase disolver la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna y el Consejo de la Shura o senado, dos organismos controlados por los islamistas fieles a Mohamed Mursi. El Presidente ya aprobó un decreto prohibiendo su disolución.

Las manifestaciones convocadas por diversos sectores de la oposición, en El Cairo y en Alejandría, las dos urbes que derrocaron al general Mubarak, y los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mursi, y civiles contra policías antidisturbios, han dejado decenas de heridos y más de ciento cincuenta detenidos. En la pequeña ciudad de Damanhur, se produjo un muerto y sesenta heridos en el asalto de los manifestantes contra una sede de los Hermanos Musulmanes. Para mañana martes están previstas nuevas concentraciones en Plaza Tahrir contra el que ya muchos llaman “nuevo Faraón de Egipto”.

La prueba de fuerza entre el Presidente y el Poder judicial no tiene precedentes en Egipto. Durante los tres decenios de poder absoluto del general Hosni Mubarsak, la Magistratura era de su entera obediencia. Ni era independiente, ni era profesional. Los magistrados ascendían o caían en desgracia según que fuesen adictos al régimen o no. Un día antes de la publicación del Decreto presidencial, Mohamed Mursi destituyó al Fiscal general de Egipto y ordenó la apertura de nuevos procesos judiciales contra “los responsables del antiguo régimen implicados en actos de violencia en contra de los opositores de la revolución del Nilo en enero de 2011”. El Fiscal general Abdel Mayid Mahmud llevaba seis años en el cargo en el que había sido nombrado por Mubarak.

El sábado, un día después del decreto presidencial arrogándose nuevos poderes, el Consejo Superior de la Magistratura estimó que “sólo debe aplicarse a las decisiones o textos legislativos que afecten las áreas de soberanía”, es decir, la diplomacia, las Fuerzas Armadas y la Seguridad del Estado, pero no a las cuestiones administrativas.

La reacción de la clase política egipcia está siendo liderada por Mohamed El Baradei, ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), quien ha llegado a acusar a Mohamed Mursi de “dictador”. Algo que nunca hizo contra el anterior jefe del estado, el general Hosni Mubarak. El Baradei llegó incluso a insinuarse como “candidato” para las Elecciones presidenciales de 2011 frente a Mubarak, aunque sólo en caso de que “se reuniesen las condiciones de transparencia y libertad en las urnas”. Mohamed El Baradei tuvo una actividad importante en los últimos meses de vida del antiguo régimen del que denunció la corrupción y la falta de libertades. Sin embargo nunca salió a la arena pública denunciando al dictador en persona, cosa que ahora sí ha hecho contra Mohamed Mursi. “No hay lugar para el diálogo cuando un dictador impone medidas opresoras y detestables”, acusó ayer El Baradei. “Espero que rápidamente se produzca una declaración firme de condena por parte de estados Unidos, de Europa y de todos aquellos que defienden la dignidad humana”, concluye el ex director de la AIEA.

Mohamed Mursi ha contraatacado reafirmando que lo que desea y por lo que trabaja es “la estabilidad política, la estabilidad social y la estabilidad económica” de Egipto. En una declaración oficial de su portavoz hecha tras la reacción negativa de la oposición, se afirma que “las declaraciones constitucionales, las decisiones y las leyes emitidas por el Presidente son definitivas y no están sujetas a recurso”, y ello mientras no esté concluida la redacción de la nueva Constitución que deberá aprobarse por Referéndum.

Desde los países que han protagonizado “la primavera árabe”, como Túnez, Libia, Yemen y otros, se observa la evolución de los acontecimientos en Egipto con gran preocupación. En el fondo lo que parece estar en debate es la forma que adopta la transición democrática en países que nunca han conocido un sistema de derechos y libertades, y en los que tras decenios de dictadura las fuerzas reaccionarias y represivas se han anidado en todos los resortes del aparato estatal y adueñado de los principales mecanismos institucionales. ¿Se puede en este caso aplicar las mismas leyes y normas que rigen en los países occidentales que llevan decenios o siglos de democracia? Es la cuestión que muchos se plantean.