Los peligros de las mayorías absolutas

Nadie duda de la legitimidad democrática de los gobiernos fruto de las mayorías absolutas, pues son el resultado de la libre expresión de los ciudadanos en las urnas. Sin embargo, es necesario realizar algunas precisiones de interés sobre la cuestión, dada la experiencia de algunas mayorías absolutas que están demasiados años en el poder. Lo primero que se debe matizar es la cuestión de la legitimidad democrática, ya que es básico diferenciar entre la legitimidad democrática en el origen del poder y la legitimidad democrática en el ejercicio del poder. La legitimidad en origen viene directamente de las urnas, el gobierno resultante de unas elecciones democráticas lo es, porque el pueblo que es el soberano así lo decide. Pero esto no implica lógicamente que el gobierno en el poder, en base a su mayoría obtenida en las urnas, pueda ejercer ese poder como considere oportuno y sin límites. La Constitución española es clara en este sentido, su artículo 9.1 señala que los poderes públicos tienen que respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

En España estamos teniendo la muy preocupante experiencia de gobiernos con mayorías absolutas en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que llevan muchos años en el poder y que en base a esa legitimidad democrática de origen, que les da las urnas, demuestran un ejercicio muy poco democrático del poder, como si el respeto a la ley no fuera con ellos. Muchos años en el poder hacen que controlen totalmente la administración local o autonómica que dirigen, que acaba convirtiéndose en una especie de “cortijo particular” donde con el paso de los años se van relajando los controles, se aplican las normas de forma enormemente laxa o, a veces, ni se aplican. Este tipo de gobiernos acaban por perpetuarse en el poder, anulando cualquier tipo de oposición o alternativa con su férreo control de la institución, que principalmente ponen a su servicio.

En este tipo de gobiernos se tiende a eliminar la oposición que pueda surgir de los funcionarios públicos, especialmente los de nivel más alto, a través de la libre designación. Así, el funcionario público que sea molesto o controle al gobierno en exceso es relegado, mientras que se promociona a los funcionarios dóciles o que no dan problemas. Es vital que puesto claves en la administración no sean de libre designación, para que así puedan controlar los frecuentes abusos del poder. “Check and balances”, que dirían los anglosajones. Control y equilibrio de poderes, que es la base de nuestra democracia moderna. En los Ayuntamientos, por ejemplo, puestos como el de Interventor General, Secretario o Tesorero tienen que ser totalmente independientes del gobierno, si no es así su labor de control y de marcar límites será peligrosamente tenue.

Por lo demás, en otro orden de cosas, si siempre el poder judicial es decisivo por ser el principal garante del funcionamiento correcto de un régimen democrático, su papel es aún más relevante si cabe frente a gobiernos con mayorías absolutas, donde el poder de control político de la oposición es más débil, pues no se le necesita para gobernar. Una democracia madura requiere de un eficaz e independiente poder judicial y de unos gobernantes que ejerciten el poder dentro de los límites estrictos del Estado de Derecho y con el imprescindible sentido institucional.

Nos queda mucho por avanzar en nuestros gobiernos democráticos, no nos podemos relajar, hay que estar atentos y vigilantes. Nuestra democracia aún es joven en comparación a otros países como el Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos muy poca tradición en la asunción de responsabilidades políticas cuando en asuntos importantes se han tomado decisiones claramente equivocadas. En España solemos esperar a que se aclaren las responsabilidades jurídicas para exigir las políticas, confundiéndose dos ámbitos nítidamente diferenciados: El de la confianza política con el de la responsabilidad jurídica. Es responsabilidad de todos, gobernantes y gobernados, trabajar con perseverancia para que la calidad de nuestras instituciones democráticas se desarrolle mucho más de lo que está actualmente. Los políticos deben ser ejemplares en su actuar, y los ciudadanos exigir esa ejemplaridad con su voto reflejado en las urnas. No nos queda otra.