Las injustas tasas judiciales

Hubo un tiempo en que Alberto Ruiz Gallardón parecía el candidato ideal para que el PP encarnase una derecha europeizada y moderna, alejada de la mugre tradicionalista del tardofranquismo y no dispuesta a cobijarse bajo las sotanas eclesiásticas. Hubo un tiempo. Entonces Gallardón cosechaba en Madrid votos no sólo de su partido sino también de progresistas desencantados con los últimos gobiernos de Felipe González y con el galimatías ideológico y personalista de la FSM. Cuando le ordenaron desde Moncloa dejar la Comunidad y presentarse a la alcaldía de Madrid, Gallardón consolidó el voto de un sector centrista del electorado, aunque le valió numerosas críticas del ala dura del PP, que encontró en Esperanza Aguirre a una aguerrida lideresa.

Gallardón, que nunca ocultó sus aspiraciones a dar un gran salto a la política nacional, utilizó Madrid como trampolín para cumplir sus deseos e inició una política de transformación urbanística de la capital que arruinó a la ciudad aunque algunas de sus macro obras quedarán para la historia, ¡y eso que fracasó en su intento de que Madrid fuese ciudad olímpica!

Pero, claro, estas obras que llamaron faraónicas había que financiarlas y el alcalde incrementó la presión fiscal sobre los madrileños y decidió extender el sistema de parquímetros a zonas alejadas del centro urbano con excusas ecologistas y de movilidad que nadie creía, pero que le sirvieron para conceder a una empresa la millonaria explotación del servicio. Cualquiera que conozca Hortaleza, Carabanchel o el Barrio del Pilar sabe que el problema de aparcamiento allí no se produce durante el día sino al llegar la noche, cuando los vecinos vuelven de trabajar y no encuentran sitio porque en estos viejos barrios de los desarrollos urbanísticos de los 60 y 70 no hay suficientes garajes subterráneos. Aquella medida y sobre todo el empecinamiento en “mantenella y no enmendalla” me convencieron de que Gallardón vive en un mundo completamente alejado del de los ciudadanos. Ahí siguen los parquímetros (ahora con horarios ampliados hasta las 21 h., ¡todo es empeorable!), mientras las calles están casi desiertas de coches durante el día y repletas durante la noche, sin que a los vecinos se les ofrezca solución para su problema de aparcamiento mientras se les ha generado otro: por ejemplo, el que sus hijos tengan que pagar por ir a ver a sus padres o a dejar a sus nietos, incluso los sábados por la mañana, algo frecuente en estos barrios con una población notable de jubilados, aunque no exista ningún problema de movilidad del tráfico. El afán recaudatorio primó y prima sobre el interés de los vecinos y la solución de sus verdaderos problemas.

Ahora Gallardón ha trasladado su política de parquímetros a las tasas judiciales con un incremento de las mismas que ha puesto en rebelión a todos los colectivos implicados en el poder judicial y a todos los ciudadanos. Si hablas con abogados y jueces, la mayoría están convencidos, aunque algunos no lo digan en público, que con estas tasas se impide el efectivo acceso a la justicia no sólo de las clases bajas sino también de las clases medias. ¿Para qué pleitear si te arriesgas a que entre abogados, tasas y procurador puedas perder dinero en pleitos de escasa cuantía incluso aunque los ganes? Y con el temor de perderlos y que te condenen además en costas.

La justicia ha sido el pariente pobre de nuestra democracia. Ningún gobierno se ha atrevido en las más de tres décadas de nuestra reciente historia constitucional a emprender una reforma del poder judicial que agilice los procesos judiciales. Una justicia lenta, como se ha repetido tantas veces, es menos justicia. No tiene sentido que muchos pleitos tarden en dirimirse más de cuatro o cinco años en primera instancia y que otros muchos se demoren hasta dos décadas en instancias superiores. Los procesos judiciales pueden agilizarse hoy gracias a las nuevas tecnologías sin que se vean en peligro los derechos de los intervinientes. Muchos pleitos podrían resolverse en cuestión de días o de meses, con todas las garantías judiciales salvadas. Sólo algunos juicios con investigaciones especialmente complejas podrían demorarse más en primera instancia, pero deberían resolverse rápidamente en las instancias superiores. Para eso hacen falta medios y habilitar a más jueces. Hay suficientes juristas preparados para ejercer la profesión, además de un número importante de jueces sustitutos que vienen ejerciéndola desde hace años sin que se les abra la puerta a una relación más estable con la administración de justicia.

Se insiste mucho en que España es un país en el que se pleitea demasiado, como si el derecho a la justicia no fuese un derecho constitucional. Es verdad que muchos juicios se podrían resolver por instancias de arbitraje, pero lo que no se puede hacer es desincentivar el acceso a la justicia encareciendo brutalmente su coste, cuando es uno de los pilares esenciales del Estado de derecho. Habría que tener la inteligencia de mirar desde otra perspectiva y preguntarnos si no sucede que en España se violan con demasiada ligereza las normas y, por eso, los ciudadanos exigen la garantía de sus derechos. Las propias administraciones públicas son una fuente notable de conflictos por sus actuaciones arbitrarias que, en muchos casos, son difícilmente rebatibles en los tribunales, pues los mismos se acogen a la supuesta discrecionalidad técnica de las comisiones administrativas que resuelven determinados expedientes, la cual da la impresión de ser más sólida que la infalibilidad papal, pues de ésta no se deriva que el Papa pueda cambiar la realidad que conoce sino sólo interpretarla ciertamente, mientras que las comisiones utilizan en ocasiones su discrecionalidad técnica para llamar a lo blanco negro y a lo negro blanco por muchas evidencias que haya a contrario sensu.

El ministro de Justicia debería proponer una reforma seria del poder judicial que agilice la resolución de los pleitos, que impida la arbitrariedad de las administraciones públicas, que dificulte la paralización de los juicios por quienes pueden pagarse unos buenos abogados... Disuadir a los ciudadanos de pleitear con unas tasas desorbitadas es incidir en la política de parquímetros que tan escasa fama le ha producido en Madrid.