De cabeza hacia un Estado de Desecho

No hace mucho, con motivo de las movilizaciones del 25-S surgió un absurdo debate alimentado tanto por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes como por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Mientras la primera comentaba la necesidad de “modular” el derecho de manifestación, el segundo insinuaba que un abuso de éste podría conducir a un quebranto de la “convivencia democrática”.

En momentos como éste, conceptos como “convivencia democrática” u “orden social” me parecen una verdadera ficción. Es bien sabido que éste último va de la mano del “orden” económico, y las instituciones financieras han contribuido a generar un verdadero caos social permitiendo la actual situación. Por lo tanto, las manifestaciones no pueden alterar un orden social que sencillamente, no existe.

Este tipo de pronunciamientos dejan claro que según la “convivencia democrática” se puede utilizar el derecho de manifestación siempre y cuándo éste no persiga una verdadera presión, es decir, lo suficientemente fuerte como para lograr algún cambio. El derecho a la protesta se reduce a darle voz a una panda de quejicosos para que se desahoguen. No sólo eso, sino que tal y como asegura el fiscal general, los ciudadanos pueden quedarse más tranquilos al saber que cuentan con la posibilidad de denunciar los excesos policiales en el caso de que éstos tengan lugar. Lo cual sólo viene a decir que efectivamente existe un protocolo para ello.

No se puede apelar al Estado de Derecho cuando éste no es más que un mito. No se puede hacer referencia a la Constitución cuando ésta no es más que una mera formalidad, una palabra vacía, un falso compromiso. Una Carta Magna sacralizada de forma absurda hacia la cual se nos pide que mostremos respeto cuando no lo hacen ni siquiera los actores políticos que la promovieron. Este engañoso acuerdo de nobles intenciones contempla un montón de derechos supuestamente garantizados pero cuya consecución se lleva a cabo de forma realmente vaga. A menos que se trate de defender los derechos de los acreedores financieros, cuyos intereses son tan poderosos que se muestran capaces de modificar sin consenso real el alabado documento, tal y como ocurrió en la pasada legislatura. Sin embargo, las diferentes proposiciones de ley presentadas por la ciudadanía son rechazadas de forma casi automática.

Los miles de personas que ocupan la calle son un claro síntoma de una gestión que no es que peque de incompetente, sino de elitista, interesada, e injusta, una gestión –si se me permite el término– “de clase”. No se trata de que el Gobierno lo esté haciendo mal, sino más bien al contrario, lo está haciendo bien, está haciendo los deberes, está obedeciendo a sus jefes. Y en vez de reconocer esta realidad, se intenta minimizar el significado de la presencia en calles y plazas.

En tal situación de grave déficit democrático y de sordera política sólo nos queda la opción de salir fuera y gritar. El poder constituyente es el pueblo, no la clase política, de tal forma que cuando la injusticia se hace ley, la rebelión es un deber. La calle, el espacio público, es uno de los lugares de mayor legitimidad política, porque a pesar de sus evidentes defectos, cuenta con más transparencia y apertura que las opacas oficinas donde operan el Poder Ejecutivo y Legislativo. La calle no sólo da voz a más gente, sino que es ése precisamente su cometido.

Por lo tanto, quizás no se trata de que estemos abusando del derecho de manifestación sino de que antes estuviera siendo desaprovechado. Así que si la inteligencia colectiva está actuando se debe sin duda a que es desde arriba desde donde se ha mancillado la propia idea de Estado de Derecho, y es desde abajo desde donde se exige justicia y una mayor seriedad política.