Opinión

¿Reforma constitucional encubierta?

Enrique Arnaldo | Jueves 13 de diciembre de 2012
El portavoz del Gobierno en funciones de la Generalidad de Cataluña calificó el proyecto de ley de mejora de la calidad de la enseñanza (conocido como proyecto Wert) de “reforma constitucional encubierta” y ello porque su pretensión es cargarse el sistema educativo catalán y el modelo de inmersión lingüística.

Después del “tan dao bien” de las elecciones catalanas al Señor Mas, el proyecto de ley de educación, le ha venido como anillo al dedo a un nacionalismo desfondado y ahogado en sus contradicciones internas. Y le ha permitido envolverse de nuevo en la bandera estelada de la resistencia frente a la opresión de los cerriles del Gobierno central, castradores de lo identitario.

Sin embargo, conviene recordar un hecho y dar una explicación al aprendiz de Derecho Constitucional. El hecho es la inejecución, es decir, el incumplimiento repetido y reiterado de al menos tres sentencias del Tribunal Supremo, que es ni más ni menos que el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, en las que se estableció la obligación del Departamento de Educación de garantizar a los alumnos el derecho a elegir la lengua vehicular de la enseñanza. Por lo que parece el proyecto Wert no es sino la traducción normativa de las referidas sentencias “vinculantes y de obligado cumplimiento”, que diría aquél, para todos menos para quién debe “llevarlas a efecto”.

Y la explicación La reforma constitucional encubierta o tácita es aquélla que deja el texto tal cual en su literalidad, pero cambia su sentido hasta el punto de que lo vacía de contenido. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con el Consejo General del Poder Judicial en la Ley Ledesma de 1.985, convertido en un apéndice de los partidos políticos nominantes de sus miembros. Y eso es también lo que ha hecho con el Estatuto catalán de 2.006 que transfiguró el concepto de nación, que transmutó la unidad del Poder Judicial, que redefinió el marco de competencias, que… apoderándose de lo que no era suyo o propio. Y hasta el punto de que según sus ardorosos defensores es la Constitución la que debe interpretarse a partir del Estatuto y no al revés.

Cada vez son más los que pensamos que vivimos en un país de locos en el que hacemos todo lo humanamente posible por no entendernos. Quizás conviene que nos introduzcamos en el túnel del tiempo y vivamos una época que nos debimos saltar: la Ilustración, el gobierno de la razón.

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