El juez Marshall, el más importante de quienes han presidido la Corte Suprema de los Estados Unidos y más relevante para aquél país que la gran mayoría de los presidentes, dijo en una afamada ocasión: “The power to tax is the power to destroy”. En inglés es una expresión muy rotunda, pero traducida al español pierde fuerza: “El poder de gravar impuestos es el poder de destruir”. Desde luego. Un impuesto puede destruir cualquier actividad. Pero quien maneja los impuestos tiene mucho más poder que eso. Quien puede destruir, de hecho, lo puede casi todo.
Lo característico de los impuestos, lo que le da su carácter único, es la amenaza. Al fin y al cabo, los impuestos son coactivos. Si no lo fueran, no serían impuestos. Con ellos se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo. Un alcalde del partido rival está cosechando importantes éxitos. Pues se envía a varios inspectores a recabar información sobre sus empresas para entorpecer la actividad económica. Y no se estaría haciendo nada más que cumplir la ley.
Otro ejemplo. Un medio de comunicación considera que abrirle la entrada a la legalidad a los capitales que crecieron libres, al margen del fisco, sólo con el pago del 1 o del 2 por ciento mientras que al resto nos suben los impuestos como jamás lo ha hecho un gobierno democrático lo considera poco ético. Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en sede parlamentaria, menciona que ese medio de comunicación se permite hablar de ética “mientras tienen importantísimas deudas con Hacienda”. Cualquiera podría pensar que el Ministro está presionando a aquél medio para que cambie la línea editorial si es que tiene deudas con Hacienda. Otorga mucho poder manejar los impuestos.
Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero contra el vicio de los impuestos lo que se hurta al fisco no se considera una virtud. Y hay grandes escapistas en esto del fisco. A ellos van dirigidas
las palabras de Cristóbal Montoro: “Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata”, ha declarado Montoro con su uso alternativo de la lengua española. Con aquéllos que no pagan “no puedo entender tanto sigilo y cautela”.
Desde luego, no hay nada escrito sobre que no se puedan dar a conocer las deudas con Hacienda. Nada excepto la ley, claro. Pero las leyes tienen la consistencia del papel; no hay más que cambiarlas, y lo que antes era un espacio protegido mañana puede ser la intemperie. Este es un elemento negativo de las palabras de Montoro: las leyes no tienen consistencia y nadie se puede fiar de ellas porque el humor de un ministro puede dejarlas en nada. Bruno Leoni, un eximio teórico del derecho, señaló esta contradicción. La ley escita, se dice, le otorga seguridad al derecho. Pero él señala que si se puede cambiar con la llegada, digamos, de un Berlusconi o un Rajoy al poder, y si se puede cambiar en un sentido distinto o contrario y cuantas veces quepa, ¿en qué sentido cabe decir que hay seguridad jurídica?
Pero hablamos de impuestos, no de seguridad jurídica. El Gobierno señalará a los grandes defraudadores de Hacienda. Es decir, el Gobierno señalará a algunos defraudadores de Hacienda. Otros se quedarán fuera porque el Gobierno no sabe que son defraudadores. Y aún otros se quedarán fuera de la lista no porque no los conozca, sino porque los conoce muy bien.
Pero esa amenaza de desnudez de los defraudadores a Hacienda (de al menos algunos de ellos) es un eco de una filosofía de vida antigua, republicana. No piensa Montoro en las virtudes republicanas, sino en su avaricia recaudatoria. Pero es una llamada al control social. A la llamada de atención a todos de que vivimos dentro de una sociedad, y que hay cuestiones que hacemos en común. Lo de los impuestos, bien es cierto, no lo hacemos. Nos lo hacen hacer. Pero es en común (unos más que otros) y para el común (de nuevo, para unos más que para otros). Todos los amigos y conocidos del defraudador sabrán que es un Agustín García Calvo, aunque no sea necesariamente un poeta. Y empiezan a hurtárseles ciertas atenciones y cortesías, alguna de las cuales no se pueden pagar con el dinero que no le ha dado al fisco.
Además, lo de señalar funciona. No siempre. Recuerdo que en una urbanización en la que viví descollaba, de entre la breve lista de morosos, el nombre de un periodista de armas tomar, celo literario y aire caribeño. Pero en general, funciona.
Ronald Coase, este un eximio economista, se planteó la cuestión de los bienes públicos. Ya saben, aquéllos que, como decía un profesor mío, “ofrecidos a uno, ofrecidos a todos”, se encontraban con el problema de que algunos de esos todos a los que no se puede excluir prefieren no pagar, porque van a disfrutarlo igual. Paul Samuelson, que escribió las Cincuenta sombras de Grey de la ciencia económica (un best seller plagado de obscenidades), puso el ejemplo de los faros. ¿Cómo va a discriminar el haz de luz a los que no pagan? Imposible. Por eso los faros y otros bienes públicos los tiene que proveer el Estado, por la fuerza, con impuestos.
Coase, decíamos, se planteó esta cuestión. Fue a la historia. Y resultaba que los faros eran cosa privada. Empresas, que cobraban por los servicios que ofrecía el faro. Claro, que aquéllos empresarios no leyeron las Cincuentas sombras de Samuelson. Pero sí hacían otra cosa. Hacer pública la lista de quienes no pagaban. Y funcionaba. Tan es así, que no hacía falta ni impuestos, ni bien público, ni Samuelson ni nada. Pero Montono no ha leído a Coase, de modo que los únicos que tienen que temer son algunos grandes defraudadores.