Domingo 16 de diciembre de 2012
Por cuarta semana consecutiva, el personal sanitario madrileño sigue de huelga indefinida. Este asunto empieza a convertirse en un serio problema no sólo para el Ejecutivo regional, sino también para el Gobierno de Mariano Rajoy. Pocas veces un colectivo se ha mostrado tan unido en pos de una serie de reivindicaciones tendentes a tumbar la privatización de la gestión de algunos centros planeada por el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
Siendo grave hacer demagogia con la política de ajustes -por lo demás, imprescindible- lo es más si se trata de materias como sanidad o educación. En este caso, lo que desde ciertos sectores se critica es que el cambio de modelo de gestión -que no los centros y la prestación de los servicios sanitarios- pase a gestión privada. Eso no es exactamente privatizar la sanidad. De hecho, ya hay centros que funcionan así, y con buenos resultados. Ocurre que, a juicio de muchos facultativos, eso puede abrir la puerta a que se empiece a hacer negocio con la sanidad pública. Y desde la Comunidad de Madrid no ha habido toda la claridad que hubiera sido deseable en este particular.
Aunque tarde, el consejero Lasquetty ya ha manifestado que este lunes estudiaría parte de las reivindicaciones de los convocantes. Dejando a un lado la imperiosa necesidad de medidas que optimicen recursos en todos los ámbitos -incluido el sanitario-, quizá sería bueno que la Comunidad de Madrid escuchase a un colectivo cuyas demandas son en gran medida bastante razonables. Y de paso, que explique bastante mejor qué quiere hacer y porqué.